Paredón eléctrico
Nuestro sistema eléctrico ha fusilado, políticamente, a decenas de promisorios y experimentados profesionales dominicanos que han agotado turno en la poltrona de la Corporación en algún momento de los últimos 40 años. Y ha fusilado también, o cuando menos averiado, a líderes políticos con rango de Presidente.

Pero, tantos caídos no han servido para escarmiento, y muchos políticos creen todavía que las grandes propiedades del sistema eléctrico y su CDEEE es una ocasión para campaña o un rico pasto para el clientelismo electorero.

Ahora bien, en estos momentos, el Gobierno y la clase política deberían comprender que marchamos hacia una peligrosa fase de la crisis eléctrica.

El más urgente problema es la parálisis de inversión privada en el sector. Por lo menos en lo que a la instalación de nuevas plantas y la habilitación de la distribución y el cobro se refiere.

La consecuencia de esa parálisis de inversión ha sido una disminución de la brecha entre la oferta de electricidad a costos razonables y la demanda de la misma.

Sobre la necesidad urgente de nuevas plantas eléctricas en el sistema abundan en datos y razones los documentos Proyecto Carbón 1200MW, preparado por el Comité de Gestión de Generación, CDEEE, enero 2005 y el estudio de factibilidad elaborado por la firma consultora argentina Mercados Energéticos, S.A en julio 2005.

Cuando un sistema eléctrico tiene una escasa diferencia entre oferta y demanda las empresas generadoras ven crecer su poder de mercado debido a que su permanencia en él se hace imprescindible para mantener la oferta y por razones de estabilidad de frecuencia en ciertos casos.

Ese poder puede ser utilizado como presión sobre las autoridades para lograr subidas de tarifas y pago de deudas, para que se hagan de la vista gorda cuando se viola la ley y otras maniobras de manipulación del mercado.

Pero, ese poder de mercado, sumado a una débil regulación y un notable desorden institucional, sirve también para dificultar la entrada al negocio de nuevos inversionistas que perciben demasiado alto el riesgo de invertir cientos de millones de dólares para hacer espacio en un mercado ya controlado por otros mediante contratos y subterfugios.

Además, se enteran de que su producción seria comercializada por distribuidoras que pierden el 50% de la venta y que están al servicio de dirigentes políticos y su clientela. En ese contexto de razones, el mercado eléctrico dominicano se ha ido cerrando sobre sí mismo hasta convertirse en un monopolio de hecho.

Al final, buscando una salida al cerco, el Gobierno podría recurrir a la contratación de plantas-barcazas o a la concesión de contratos leoninos.

En la base de ese drama esta la compleja red de intereses del Estado en el sector. El Estado compra y distribuye el 66% de la energía, produce el 25% de la electricidad demandada y es dueño del sistema de transmisión.

En cualquier economía, el mercado eléctrico privatizado, por la envergadura de sus inversiones, el carácter sistémico que le proviene de su funcionamiento tecnológico y el notable peso en la vida cotidiana de la gente, es enemigo radical de la injerencia política muy pesada. Aquí, es todo lo contrario, y el Capitán de la tropa, el Gran Jefe y principal beneficiario del desorden es la CDEEE, por lo que para superar la crisis habrá que ponerla en su sitio.