En la Republica Dominicana, a pesar de contar con una larguísima historia de denuncias de fraudes y escamoteos electorales, no se ha publicado hasta donde tengo información – ninguna investigación rigurosa sobre la compra y coacción del voto en elecciones presidenciales o congresuales y municipales.

Algo similar ocurre en la mayoría de los países de América Latina.

Y el tema no es irrelevante, porque se considera que el voto individual libre, intransferible y secreto es la titularidad ciudadana básica de la democracia representativa moderna.

Además, hemos vivido experiencias traumáticas como consecuencia de elecciones reñidas en las cuales la exigua diferencia se debe, según alega casi siempre el perdedor, a la compra masiva de votos y cédulas.

Sera muy difícil reducir a niveles insignificantes un practica que se sabe que ocurre, pero que no se ha investigado debidamente para explorar las posibilidades de control o erradicacion.

Sobre eso, México ha sido las dos caras de la moneda. Con su larguísimo período de gobierno de un solo partido (el PRI gobernó más de 70 anos corridos), ese país ha sido el más completo escenario del clientelismo electoral en América Latina y en convertir los programas gubernamentales contra la pobreza en instrumentos para el chantaje de electores.

Pero, en julio del año 2000, en unas elecciones plagadas de compra y manipulación, el PRI fue finalmente derrotado por el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox.

Meses después, el Instituto Federal Electoral (JCE mexicana) ordenó una encuesta para determinar la magnitud de la compra y coacción del voto en dicho proceso.

Se determinó que el 13.4 % de los votantes había sufrido acoso electoral: oferta de dinero, amenaza de cancelación, inducción religiosa a favor de un partido, o amenaza de excluirlo del programa de ayuda.

Ahora bien ¿Por qué, a pesar de sus triquiñuelas, el PRI perdió las elecciones? Porque los mexicanos estaban ya cansados del continuismo y, además, porque la oposición también compró votos.