Es evidente que en esferas del gobierno existe un firme propósito de disponer un aumento significativo de la tarifa eléctrica. El que más claro lo ha dicho es don Celso Marranzini, quien ha señalado que el hurto y la tarifa vigente son causas principales de la quiebra financiera de las distribuidoras.

Por su lado, los directivos de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas (ADIE) han pedido a la Superintendencia de Electricidad (SIE) que autorice un rebalanceo de la tarifa.

En la carta de intención remitida por el Gobierno dominicano al Fondo Monetario, el 19 de marzo, se utilizo el verbo flexibilizar para referirse a lo mismo: el alza de la tarifa.

El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE parece estar promoviendo el rebalanceo, para limitar el subsidio cruzado hasta 300 kwh por mes, y no hasta 700 kwh, como sucede ahora.

El impacto de ese rebalanceo podría duplicar el monto de la factura mensual de una enorme cantidad de hogares y de empresas.

Por otro lado, flexibilizar la tarifa significa que el precio del kilovatio-hora cambiaría según suban o bajen índices como la tasa de cambio, nivel de precios al consumidor y los precios de los combustibles. Se denomina tarifa indexada y fue aprobada por la SIE mediante la Resolución SIE-31-2002.

Pero, esa resolución no se está aplicando debido a que, si lo hicieran sin cambios y reajustes, el precio de la electricidad llegaría a niveles explosivos.

Por ejemplo, con la tarifa indexada, los clientes que consumen menos de 200 kwh al mes y que pagan hoy 3.70 por cada kilovatio-hora, pasarían a pagarlo a 8.23 y los clientes que consumen entre 200 y 300 kwh/mes y que pagan hoy $RD 5.81 por kwh, lo pagarían a 10.14.

En otras palabras, la factura mensual que recibiría cada hogar se dispararía a más del doble del monto actual.

Esa subida de tarifa sería abusiva e inmoral, puesto que la producirían empresas que por su ineficiencia dejan de facturar y cobrar más del 33% de la energía que distribuyen.