Para conservar la cabeza en su puesto, y el espíritu en calma, al abordar el tormento de la entrada sin control de haitianos a territorio dominicano en los últimos 25 años, es recomendable atenerse a los hechos y evaluar las acciones de nuestros gobernantes.

¿Por qué los últimos 25 años?

Simplemente porque según la Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), publicada en el año 2012, durante los dos gobiernos de Leonel Fernández, del 2004 al 2012, ingresó al país el 62.2 % de los 524,632 haitianos que vivían en el país para esa fecha, el 2012.

Del 2006 al 2009 llegó el 23.6%, y del 2010 (año del terremoto) al 2012 vino un 38.6% de los 524,632 haitianos citados.

Ahora bien, ¿por qué sucedió eso? Sencillamente por la inacción y la irresponsabilidad de nuestros gobiernos sobre la materia. La estrategia ha sido -esencialmente- impunidad y cero controles en la frontera. Sabemos que esa masa de inmigrantes es empujada por razones económicas, políticas y de calamidad sanitaria, pero la forma y el volumen en que se consuma el éxodo quedan determinados por la acción o inacción de las autoridades del país receptor: Republica Dominicana.

Por ejemplo, en agosto del 2004, días antes de dejar la presidencia de la Republica, Hipólito Mejía promulgó la Ley 285 destinada a regular la dinámica de inmigración haitiana ya en desarrollo; la entrada en vigencia de esa ley requería la aprobación de un reglamento que debía ser aprobado en no más de 6 meses.

Sin embargo, el presidente entrante, Leonel Fernández, tardó siete (7) años en aprobarlo. Siete años de absoluta indiferencia e inacción.

Lo propio sucedió con el famoso Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes, el cual debía entrar en vigencia tres (3) meses después de la primera reunión del Consejo Nacional de Inmigración, previsto ser convocado por el presidente de la Republica.

Pero Leonel Fernández terminó su segundo gobierno y nunca convocó dicho Consejo.
Con Danilo, la inmigración lleva igual ritmo.