El Ministerio de Salud Pública detectó un fraude por más de seis millones de pesos que se cometía a través de descuentos a las enfermeras, en el que supuestamente están involucrados empleados de esa cartera y de otras dependencias del Estado en confabulación con particulares.

El viceministro administrativo y financiero de Salud Pública, doctor Roberto Peguero Albuez, junto al director financiero, licenciado Rafael Jiménez; y el consultor jurídico, doctor José Joaquín Alvárez, en rueda de prensa, dijo que esa cartera apoderó este viernes al Ministerio Público del expediente sobre el fraude.

No descartó que en el caso estén involucrados particulares y empleados y de los ministerios de Salud Pública, Administración Pública y de la Contraloría General de la República.

El funcionario informó que procesadas las nóminas de mayo pasado, de manera irregular se aplicaron descuentos a una parte del personal de 200 pesos ascendiendo el monto a 6 millones 68 mil 656 pesos con 42 centavos

Afirmó que los descuentos fueron cargados al código 530-31 que corresponde a la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, entidad a la que la Tesorería Nacional libró los cheques 01712171, ascendente a $90,400; así como el cheque 01712163 por un millón 301 mil 957 pesos con 21 centavos, y el número 01712173 cuyo valor era de $4 millones 676 mil 299 pesos con 21 centavos.

Peguero Albuez señaló que la acción no pudo materializarse debido a que en el proceso de revisión que ordinariamente se hace a las nóminas de la institución se detectaron indicios, iniciándose entonces una minuciosa investigación que aún sigue.

Especificó que no obstante se dispuso retener los fondos y su remisión a la Tesorería Nacional.

Dijo que corresponderá al Ministerio Público determinar si los descuentos que se realizaban a parte del personal de Salud Pública fue producto de una acción premeditada, y de comprobarse esto los responsables deberán ser sometidos a la justicia.

Tras detectarse la irregular acción, el ministro de Salud, doctor Bautista Rojas Gómez, instruyó a la gerencia financiera elaborar una nómina especial para transferir a las respectivas cuentas de los afectados, los valores retenidos.

Dispuso que se realizara una auditoría que abarque desde enero de 2009 hasta mayo del año en curso, y dependiendo de los resultados podría extenderse a años anteriores.