La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) declaró este jueves que el caso José David Figueroa Agosto ha puesto al desnudo las debilidades del Código Procesal Penal y de la justicia dominicana, dado que no ha permitido que se dé una respuesta eficiente al hecho, razón por lo que abogó por una urgente reflexión que conlleve a una urgente modificación de esa legislación.

Trajano Vidal Pontentini, presidente de la entidad, en cambio reconoció la facultad que tiene el Ministerio Público, en virtud del artículo 363 del Código Procesal Penal, de concertar acuerdos y negociaciones en procesos judiciales como el que se le conoce a los acusados de la alegada red que dirigía el boricua José David Figueroa Agosto.

Dijo que esos acuerdos, conforme al Código, se hacen con los imputados a cambio de la rebaja de sus penas, para obtener informaciones y testimonios vitales para hacer más efectiva la acusación y sobre todo con el objetivo de incorporar y apresar otros implicados en el delito a perseguir.

Potentini calificó las negociaciones entre la Fiscalía del Distrito Nacional y las imputadas Nin Batista y Sobeida Felix Morel, como normales, al tenor de las disposiciones del Código Procesal Penal.

Dijo que garantizan al Ministerio Público la posibilidad de llegar hasta los autores intelectuales y cabezas principales de la red Figueroa Agosto, hasta el momento sumidos en el anonimato.

El caso Figueroa Agosto pone al desnudo algunas de las debilidades del Código Procesal Penal y de la justicia dominicana, que no han dado repuesta eficiente al sonado proceso de narcotráfico y lavado de activos, imponiéndose una necesaria reflexión que nos lleva como sociedad a considerar la inminente revisión y modificación de nuestra normativa procesal penal, manifestó Vidal Potentini.

Entiende que un tema a contemplar ante la eventualidad de modificar el Código, sería el establecimiento de un sistema de protección de víctimas, testigos y colaboradores, como existe en otras naciones, garantizando la integridad física y seguridad de quienes participan de acuerdos con el Ministerio Público.