El presidente de la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) consideró que el Gobierno insiste en violar la Ley 392 de Proindustria para obtener recursos que no constituyen una solución al problema fiscal.

El licenciado Ignacio Méndez estimó que la aplicación de recortes al gasto público y controles a la centrífuga de la corrupción le reportaría mejores resultados.

Dijo que la postura de la Dirección de Aduanas, de cobrar itebis por adelantado constituye una vuelta atrás para retomar un ejercicio violatorio de la ley, que el mismo Gobierno había descartado y por lo cual apeló a un acuerdo no institucional con 35 grandes empresas a fin de que pagaran el ITBIS por adelantado.

Ojalá que ese afán del Gobierno por cobrar centavos en comparación con la magnitud del déficit fiscal- se reflejara en el cumplimiento de las normas anti-corrupción, con sus debidas sanciones, y en el control del gasto público. Es seguro que habría dinero suficiente para cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo.

La FAI llamó al Gobierno a frenar la corrupción administrativa de manera que pueda disponer de recursos para cubrir el déficit fiscal sin necesidad de lesionar a los sectores productivos.

La agrupación empresarial, dijo que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha dado una pequeña pista de la hemorragia que representa la corrupción, al señalar que en diez años se han perdido RD$104,000 millones por esa práctica.

Manifestó que si el Gobierno aplicara estrictamente las normas y leyes anti-corrupción se evitará no sólo golpear a los sectores que generan empleos extrayéndoles recursos en forma irregular, sino que tampoco deterioraría su propia imagen institucional.

La Federción de Asociciones Industriales se expresó en esos términos a propósito de la decisión de la Dirección de Aduanas de buscar un pacto con las industrias certificada bajo la Ley de Innovación y Competitividad Industrial para que adelanten el pago del ITBIS a ese organismo recaudador.

El Gobierno insiste en violar la Ley 392 de Proindustria para obtener recursos mínimos, que no constituyen una solución al problema fiscal, cuando pudiera aplicar recortes en el gasto público y aplicar controles a la centrífuga de la corrupción que reportaría mejores resultados, manifestó.

El acuerdo a que llegó el Gobierno con esas empresas permitió que se lograra garantizar el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en lo que se refiere al monto del déficit fiscal que establece el acuerdo con el organismo crediticio internacional.

La semana pasada el FMI anunció, mediante un comunicado emitido en Washington, que llegó a un acuerdo sobre ese particular con las autoridades dominicanas.