La destitución de Julio Horton como director de la OTTT obedeció a su incomprensible renuencia de reponer en sus puestos a un grupo de ex empleados que había cancelado de esa institución, a pesar de pertenecer a la Carrera Administrativa, en desafío y violación a la Ley y la Constitución de la República.

Desoír el llamado del presidente Danilo Medina y del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, sobre la necesidad de respetar el artículo 145 de la Constitución y el 23 de la Ley 41-08 sobre Función Pública, trajo como consecuencia la designación de un nuevo director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.

Héctor Mojica, reconocido dirigente peledeista en la Circunscripción No. 2 del Distrito Nacional, sustituye a Horton en el organismo regulador del transporte público. La designación está contenida en el decreto 562-12 del Poder Ejecutivo.

Además de siete empleados de carrera, investidos y certificados por el presidente Leonel Fernández en el Palacio Nacional, Horton también cancelado a más de 140 empleados regulares de la OTTT durante apenas un año que duró al frente del organismo.

Luego del decreto que separa a Horton del cargo, los empleados que permanecen en la institución hablaron a condición de que se reservaran sus nombres y dieron testimonio de la situación que se ha vivido allí durante esa gestión.

Afirmaron que durante la administración de Horton fueron maltratados y presionados a través del Departamento de Recursos Humanos que dirige Bolívar Reyes.

Dijeron que durante el año que Horton fue director de la OTTT el funcionario se mantuvo aislado, encerrado en su despacho, y nunca visitó las demás oficinas, excepto el día en que tomó posesión cuando por cuestión rutinaria y protocolar realizó un recorrido para conocer las instalaciones.

Jamás volvimos a verle la cara que no fuera en actos especiales donde se convocaba a todo el personal para asunto politiqueros, y nunca más volvió a visitar los diferentes departamentos o áreas de la institución, dijeron los empleados.

El grupo de empleados de carrera cancelado por Horton inició una un plan de lucha en procura de su reposición, proceso que lo llevó a someter su expediente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Marino Vinicio Castillo.

Juntamente con varias intervenciones en programas de radio y televisión, así como la publicación de sus declaraciones en los medios escritos, los cancelados sometieron el caso por ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, donde aún está por conocerse la sentencia.

El grupo lo conforman, entre otros, Cándido Cordero, Rafaela Batista, Marisol Lora, Mirtha Josefina Carrasco, Cristina Durán y Jahiron Rodríguez.