La Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral ha tratado de justificar la nueva versión de su fallo histórico, al retractarse de la revisión que había ordenado de los votos emitidos en el colegio 0009, de Oviedo, Pedernales. Pero se ha defendido con un argumento tan pobre y burdo que no ha hecho más que chapotear en el fango, hundiéndose en el descrédito y la incopetencia jurídica. La gente dudaba que prosperaran las impugnaciones, no propiamente porque carecieran de asideros, pero no se esperaba que un tribunal que se había manejado al menos con tanta ecuanimidad terminaría navegando en la pestilencia.

La simulación con que habían actuado determinó que al final los magistrados enseñaran las partes pudendas. Bastaba con anteponer sus intereses desde un primer momento. Pero eso de ordenar una revisión y retractarse después de un recurso de oposición elevado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habla tan mal de los magistrados como del propio proceso electoral.

La insólita decisión confirma las irregularidades que ha denunciado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para despojarlo de la senaduría de Pedernales. Máxime cuando según la magistrada Aura Celeste Fernández se habían contactado incongruencias en los datos oficiales de las votaciones en el colegio de Oviedo. Se supone que esas irregularidades, determinadas por un peritaje realizado por el administrador de informática, eran suficientes para proceder a la revisión de las actas.

El derecho y la justicia que se había garantizado se fueron al carajo con la nueva versión de aquel triste célebre fallo a través del cual precisamente el PRD fue despojado de cuatro senadurías. Los jueces Mariano Rodríguez, John Guiliani y Leyda Piña no estarán solos en la siniestra galería que han pasado a ocupar. Ahí se encontrarán con Hugo Vargas Suberví y otros que han obrado de la misma forma.