El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó ayer el Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que procura establecer control sobre el uso de los recursos provenientes de la contribución económica del Estado.

Se trata de un documento de 31 páginas de difícil entendimiento para los leguleyos en materias de contabilidad y auditoría, aunque se recibe como otro intento por evitar que dinero público destinado a los partidos se derrame entre manos impúdicas.

En resoluciones anteriores, la JCE estableció el monto máximo de fondos que aspirantes a puestos de elección popular pueden utilizar en la promoción de sus candidaturas, incluidos los nominados a la presidencia y vicepresidencia de la República.

Ese reglamento establece modalidades y protocolos para consignar el monto, destino y motivo de todas las erogaciones realizadas por partidos y candidatos que implique recursos provenientes de fondos públicos, lo que sería objeto de una constante supervisión a cargo de una Unidad Especializada de la JCE.

Hay que suponer que la JCE también afinará mecanismos de fiscalización de los recursos que ingresan a los partidos o que obtienen los candidatos por diferentes vías, algunas de las cuales podrían colisionar con la Ley de Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas.

Es obvio que si el órgano electoral fija tope al gasto y regula su uso cuando proviene del Estado, también establecería límites al ingreso por vía de contribuciones de personas físicas o jurídicas, porque no solo garantiza transparencia sino también equidad.

En el mundo de hoy se resalta la figura del Gobierno Corporativo, figura jurídica que aplica tanto para las empresas públicas o privadas como para los partidos y agrupaciones políticas, a cuyos directivos o candidatos también se les exige observar o respetar códigos de ética y transparencia.

La JCE, con el auxilio del Tribunal Superior Electoral, Ministerio Público y orden judicial, tiene el compromiso de evitar que la campaña electoral sea embadurnada con el uso ilegal de fondos públicos o provenientes de actividades ilícitas, que partidos y candidatos violen disposiciones sobre tope de gastos e ingresos, o que ese dinero vaya a parar a bolsillos ajenos.