El año de 1906, el país debía aproximadamente 40 millones de dólares de deuda externa e interna flotante y contratada. Este festival financiero se inició el 1º de mayo de 1869, con el contrato Hartmont, y hay que leer la historia financiera de República Dominicana para saber las consecuencias de ese manejo irresponsable del país: fue mutilada la soberanía hasta tal punto que para poder endeudarnos debíamos tener autorización norteamericana.
Aquello cae en lo ridículo si vemos hoy que debemos 70 mil millones de dólares prodigados por quienes han aupado el populismo al poder. La próxima convocatoria electoral debiera ser un plebiscito para rechazar este carnaval financiero de quienes fueron críticos de sus predecesores y han convertido el Gobierno del Cambio en el Gobierno endeudador. Naufragó aquel discurso cuando se cabalgaba sobre la ola de un consenso creciente para echar del poder a Danilo Medina y ponerle coto a la coacción y la arrogancia.
Ahora devarían en una especie de delirio de campaña a través del Gobierno coloquial permanente acariciando reelegirse con el aplauso de quienes se han súper enriquecido quedándose con todo el pastel: empresarios, comerciantes y políticos vividores, provocando un horizonte con nubes aún más oscuras que las vividas anteriormente.
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Pero que sepan los poderosos beneficiarios y saqueadores que cuando llegan las presiones de pago contra la pobre República Dominicana, que volvemos al estado de ruinas, y quizás al fin de la democracia, una gran parte de los sacrificios y ajustes para pagar recaen en ellos también.
Que recuerden el Plan de Ajuste del presidente Ramón Cáceres que redujo drásticamente a un 50% toda la deuda, entre ella la contratada e interna flotante de los favorecidos prestamistas criollos con concesiones onerosas de los gobiernos de Báez y Heureaux, que sangraron el Estado nacional; y peor aún:la absorbente dictadura que quedó como secuela de todo ese saqueo.