El Gobierno contrató al abogado Emmanuel Esquea Guerrero para estudiar la legalidad y equidad del peaje sombra de la autovía Santo Domingo-Samaná.

Tras un análisis exhaustivo Esquea Guerrero ha puesto al Gobierno en una disyuntiva al recomendarle no erogar un solo centavo por ese concepto “en razón de las múltiples violaciones constitucionales y legales que supone el contrato”.

También recomendó que el expediente se tramite al Ministerio Público y se procure la autorización de un juez para que el Estado ocupe y controle la vía.

En el proyecto de presupuesto para 2022 se destinan nada más que 4,652,595,981 millones de pesos para cubrir el déficit del tráfico de vehículos por la autovía. La cuestión ahora es ¿qué hará sobre el contrato? Es inconcebible que contrate servicios legales, por demás con una reforma fiscal a la vista, para no acatar las recomendaciones.