Después de un dilatado proceso de investigación, las autoridades federales de EEUU acusaron al ex mandatario guatemalteco Alfonso Portillo de la comisión del delito de lavado de activos. Se le imputa haberse apropiado de decenas de millones de dólares del erario de esa nación centroamericana que alegadamente depositó en cuentas abiertas a nombre de su hija en bancos estadounidenses, franceses, londinenses y suizos.

Según el tío Sam, Portillo convirtió la presidencia de su país en su cajero automático personal. Pendiente de ser extraditado, se encuentra recluido en un centro penitenciario luego de haber sido detenido por la Interpol el 26 de enero pasado mientras intentaba huir en lancha hacia Belice.

Entre las misiones que tiene el FBI figura la de combatir los crímenes de cuello blanco, para lo cual se auxilia de las informaciones que recogen de manera clandestina por medio de agentes en su país y en el exterior. Muy pocas de las irregularidades cometidas por funcionarios corruptos de este y otros países, son desconocidas por los federales, que cuando no logran recabar suficientes pruebas para someterlos por ante su jurisdicción, le pasan la bola a la División de Actividades Especiales de la CIA, fuerza operativa encargada, entre otras cosas, de realizar diligencias políticas encubiertas.

Analícese el caso de Uribe, que se gastó el lujo de ignorar el consejo que sutilmente le dio el mismísimo inquilino de la Casa Blanca de que se abstuviera de optar por un tercer período. La elevada tasa de aceptación del ex presidente colombiano daba por sentada su reelección, pero se llevó tamaña sorpresa cuando se enteró del fallo de la Corte Constitucional que anuló el referéndum con el que pretendía legitimar sus ambiciones continuistas. ¿Un golpe dirigido a 3,813 kilómetros de distancia de Bogotá? Sin duda.