La ruta al desarrollo no necesita magia ni reinventar la rueda, el camino ya está bien detallado y descrito. No pasarán muchos años para que el mundo empiece a hablar del “milagro” de Georgia o de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, o de que en la industria de las finanzas se inventen un término para celebrar a los “tigres Bálticos”.

Lo único en común que tienen todos los países de alto desarrollo o encaminados hacia eso, son sus buenas puntuaciones en el índice de “ease of doing business”, en el cual para el 2018 República Dominicana está en el lugar 99.

Este hecho no escapa al conocimiento de las autoridades dominicanas, lo que quedó en evidencia con el particular interés de sacar adelante la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes para cubrir un vacío monumental que severamente golpeaba nuestras calificaciones en el “doing business”.

El gobierno claramente tiene un interés en mejorar la percepción del país en materia de hacer negocios, lo que va desde la calificación de la deuda soberana, la atención de aspectos puntuales del “ease of doing business” hasta la inclusión del país en las pruebas PISA de educación.

Lo que llama la atención del porqué ese interés no se ve reflejado en dos puntos medulares para ese objetivo como lo serían el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, uno retrasado por tiempo indefinido y el otro que por razones políticas podría no ser abordado hasta después de las elecciones del 2020.

El acceso a la energía y los impuestos son aspectos importantes en el “doing business” y en estos estamos en los puestos 108 y 149 respectivamente. Absolutamente nada de lo planteado en el Pacto Eléctrico se presenta como una solución a todos los problemas que apunta el “doing business”, en cambio plasma en papel el infuncional status quo que tenemos actualmente.

En vez de reducir la burocracia para participar en el mercado la aumenta, en vez de facilitar la transparencia de los costos le clava más costos de intermediación, entre otras debilidades del Pacto Eléctrico actual que garantizan que vamos a seguir figurando al final de la lista.

Por su lado en la parte impositiva para mejorar la calificación en el ranking el Estado tendrá que conceder en muchos puntos a los que testarudamente se ha rehusado.

Desde reducir el ISR a las empresas, eliminar el anticipo, quitar el cobro del ITBIS en las aduanas, simplificar el pago repensando las formas y tiempos de pago, el tratamiento de los “créditos fiscales”, etc. mejorar el “doing business” implicaría para todo el sector político replantearse la forma como ven la recaudación y el gasto del Estado.

Todos los demás puntos del ranking van a depender fundamentalmente de lo que ocurra con dos de nuestras mayores debilidades, ya que son medulares en la capacidad del Estado de ejecutar las reformas que necesita y el costo que estas conllevarían.

Pero si ese interés en mejorar nuestro “doing business” es real, el Estado debe estar dispuesto a hacer muchos sacrificios, empezando por un borrón y cuenta nueva con el Pacto Eléctrico y replanteándose como este ve el tema fiscal.