Héctor Féliz Valdez laboró en Autoridad Portuaria Dominicana hasta 2004, cuando fue despedido. Desde entonces inició el reclamo de sus prestaciones laborales. Esperó, tocó puertas, apeló a relacionados para que intercedieran, pero sin resultados. Al final no le quedó más opción que recurrir a los tribunales en reclamo de un derecho consagrado por las leyes laborales. En todas las instancias le dieron ganancia de causa, pero resulta que –según cuenta- ni así le han entregado sus prestaciones.
Afectado por quebrantos de salud espera que el actual director de la entidad, Ramón Rivas, revise su expediente y ordene que se le paguen sus prestaciones laborales, tal y como manda la ley. Al margen de la urgente necesidad que en realidad tenga de los recursos. Su caso, aunque las autoridades no lo entiendan así, hace mucho daño al sistema institucional. Y pudiera hablarse de un abuso. No está mendigando un privilegio, sino reclamando un derecho, amparado por las leyes.
El Nacional
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