El procurador general, Francisco Domínguez Brito, contó la dramática historia sobre el rescate de 16 adolescentes y una joven de 18 años que serían vendidas sexualmente por sus propios padres durante una fiesta en Sosúa, Puerto Plata.

Un operativo realizado por fiscales y policías evitó que esas menores, con edades entre 13 y 17 años, fueran abusadas con el consentimiento de progenitores, un tipo de crimen que se perpetra con frecuencia en algunas zonas turísticas.

Duele saber que miles de niñas y adolescentes son obligadas a prostituirse en mentados centros de diversión o burdeles frecuentados por depravados extranjeros y nativos, sin que las autoridades ejecuten operativos continuos para rescatar a esas menores y someter a la justicia a proxenetas y violadores sexuales.

Cada vez que el Ministerio Público interviene negocios donde se prostituyen niñas y adolescentes, gente sin escrúpulos alega que con esos operativos se aleja a los turistas, como si la depravación se pudiera equiparar a los atributos de sol, playa y montaña, con los cuales se promueve el turismo.

No está de más reiterar que el fiscal funge como tutor de los menores, cuya obligación es velar por la integridad física y espiritual de niños, niñas y adolescentes, con más autoridad incluso que propios padres o tutores, cuando se encuentren en situación de peligro.

La historia sobre padres o madres que ofertaron en una fiesta a sus hijas menores como objeto sexual debería consternar a toda la sociedad, agobiada hoy por la promoción de antivalores, como la exhortación del embajador de Estados Unidos para que esta nación se promueva como destino del turismo gay.

La fortaleza de una sociedad radica en la robustez moral de su familia y en la protección por parte del Estado de los niños y niñas contra toda forma de abuso, incluidos los infringidos por depredadores sexuales.

Ministerio Público y Policía, junto a instituciones de protección a la niñez y adolescencia, están compelidos a ejecutar cuanto antes un operativo nacional de rescate de miles de menores que son obligados a convivir en centros de prostitución diseminados en todas partes, incluidos polos turísticos.