La Operación Falcón, emprendida por el Ministerio Público contra más de 20 imputados a los que acusa de narcotráfico y lavado de activos, desvela apenas una porción de una economía de subsuelo que se expande al amparo del crimen organizado.
Casi siempre con asesoría o auxilio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), las autoridades dominicanas suelen aplicar golpes contundentes a esa industria del crimen que actúa como el monstruo de siete que en poco tiempo repone los órganos cercenados por la justicia.
Cuando las agencias oficiales desmantelan estructuras de narco y lavado decomisan cientos de millones de pesos y dólares en bienes como dealers, bancas de apuestas, estaciones gasolineras, financieras, discotecas, fincas, ganado, villas, apartamentos, edificios, solares, y autos de lujo, como si los imputados fueran una especie de rey Midas.
El tejido económico y social de la nación ha resultado altamente perjudicado por esa economía de subsuelo que patrocina y alienta el crimen organizado, sin que nadie se atreva siquiera a estimar los capitales que circulan por las tuberías del narco.
República Dominicana ha sido usada por cárteles sudamericanos como puerto de trasbordo de drogas hacia Estados Unidos y Europa, pero también como paraíso del lavado de dinero proveniente de esa actividad criminal como lo demuestran los bienes incautados en operativos antidrogas.
Esos capitales obscenos permean la economía al lacerar la libre competitividad y la sanidad de los mercados, la institucionalidad al infectar poderes públicos y la gobernanza al promover crímenes y delitos por vía del consumo y tráfico de sustancias controladas.
El momento es propicio para que el Estado mude un paso aún mayor en su lucha contra el narcotráfico y crímenes conexos, como sería impedir por vía de ley que gente apadrinada con dinero del narco ocupe curules congresuales o direcciones municipales, lo que debería iniciarse con la desparasitación de los partidos.
Es posible que entre los imputados por la Operación Falcón no estén todos los que son ni sean todos los que están, por lo que se reclama del Ministerio Público que cumpla con su compromiso y obligación de judicializar a todo aquel que las pruebas de cargo señalen como implicado en un crimen de lesa humanidad que incrementa la tóxica economía de subsuelo.
