Ningún funcionario público tiene facultad de reemplazar a los jueces en las atribuciones de juzgar e imponer sanciones por violación a la ley o inobservancia a normativas fiscales o municipales, como tampoco es posible que se improvisen penalidades que no están previstas en algún estatuto legal.

El Ayuntamiento de Santiago anunció la colocación de vallas públicas donde colocará los nombres de los munícipes que se nieguen a pagar arbitrios municipales, una forma de sanción adelantada que violenta derechos constitucionales.

La Carta Magna y la ley adjetiva restringen la publicidad sobre casos de presunta violación a la ley, al ámbito de la audiencia donde se conozca del tipo de infracción, que siempre debe ser pública, libre, oral y contradictoria. Para todo lo demás obra la presunción de inocencia.

Para publicar los nombres en vallas públicas de empresas y personas que se niegan a pagar impuestos municipales, las autoridades edilicias de Santiago alegan que la justicia actúa con lentitud, por lo que han creado su propio medio de presión para lograr el cumplimiento de la ley.

Por falta imputable a jueces y fiscales, el cabildo santiaguero no puede ni debe justificar violaciones a la Constitución y a las leyes, como es la de promover condena sin previo juicio o la de desconocer la presunción de inocencia.

Al Ayuntamiento le asiste facultad de someter ante los tribunales penales o administrativos a personas físicas o jurídicas que incumplan ordenanzas municipales, así como requerir de los jueces las medidas procesales condignas para garantizar pagos de arbitrios.

Los funcionarios municipales pueden invocar herramientas legales para aplicar y cobrar multas, intereses y moras a contribuyentes morosos, pero no para instalar paredones públicos ni para suplantar el rol que corresponde a la justicia ordinaria. Así es que se comienza a cercenar la democracia.