A pedido del Gobierno y de la Junta Central Electoral (JCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aceptado realizar una auditoría “completa y vinculante” a los equipos del voto automatizado, lo que permitirá esclarecer las causas que motivaron la suspensión de las elecciones del 16 de febrero.
Es esa la más apropiada vía para superar la crisis generada por la interrupción de esos comicios, porque ha sido acogida por el liderazgo político y porque sus resultados serían aceptados con debida credibilidad y confianza, lo que no sería posible si la investigación tiene factura local.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha prometido que esa auditoría se realizaría con los mismos estándares de calidad técnica y rigor profesional que la efectuada en Bolivia, incluido “deslindar responsabilidades”, lo que atendería el reclamo ciudadano de que se identifiquen a los responsables de esa suspensión.
Hay que suponer que a partir de la intervención directa de la OEA en las investigaciones sobre lo sucedido con los equipos del voto automatizado, el liderazgo político y la propia sociedad ofrecerán un compás de espera hasta conocerse los resultados de esa experticia foránea.
Aunque se supone que el Ministerio Público debe exhibir categórica autonomía, el Poder Ejecutivo instruyó a la Procuraduría General que cesara las investigaciones que realizaba sobre el posible ilícito penal que motivó el aborto al proceso de votación, con los cual el escenario indagatorio queda en manos de la OEA.
Para realizar la auditoría al sistema del voto automatizado, la OEA parte del criterio de que ha sido solicitada por la JCE, el Gobierno y distintos candidatos y partidos, lo que indica que todos los actores han dado su aquiescencia y nadie podrá alegar ignorancia ni emitir consideraciones temerarias sobre sus resultados.
Lo prudente sería que partidos y candidatos reanuden desde mañana mismo la campaña proselitista de cara a las elecciones municipales fijadas para el 15 de marzo, en el entendido de que las investigaciones para determinar lo sucedido el 16 de febrero estarían en buenas manos.
Los legítimos e insistentes reclamos que formula la población para que se esclarezcan las causas de la bochornosa suspensión de las elecciones municipales, serían suficientemente suplidos por la auditoría que realizará la OEA, por lo que lo aconsejable sería esperar sus resultados sin verter gasolina sobre el fuego.
