EDITORIAL: Cuento de camino

El Gobierno parece dispuesto a promover la revisión de la ley que fija los precios internos de los derivados del petróleo o al menos ha prometido considerar ese reclamo, aunque todavía no se han identificado fuentes alternas que repondrían los recursos que el Estado dejaría de percibir por la reducción de esa carga fiscal.
Parecería un contrasentido revisar a la baja la Ley de Hidrocarburos, toda vez que el precio internacional del petróleo mantiene una tendencia alcista (US$71.93), con fuerte impacto sobre la factura petrolera nacional, pero debe admitirse que los precios locales de gasolina, gasoil, gas propano son ya prohibitivos.
Quienes exigen reducir los precios internos de combustibles proponen que no sean fijados en base al regido por la Bolsa de Nueva York, que consideran inflado, además de reclamar un nuevo enfoque sobre indexación de inflación porque en 18 años el impuesto al galón de gasolina ha aumentado de 13 a 86 pesos y el del gasoil de $5,00 a $46.00.
En cualquier escenario de revisión de ese estatuto deberían tomarse en consideración otras variables no menos importantes, como la limitada capacidad de refinamiento (30 mil barriles diarios) y almacenaje (diez días), lo que obliga a revisar precios cada semana y a importar mayoritariamente crudo procesado.
El Gobierno ha enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto General del Estado de 921 mil millones 810 mil pesos, con una proyección de déficit del 1.9% del PIB, lo que torna muy difícil cualquier reducción en ingresos tributarios sin la necesaria compensación.
Empresas de generación eléctrica, mineras e industriales reciben exoneraciones o exenciones de combustibles o son autorizadas a realizar compra directa de energía, por lo que sus procesos de producción no son afectadas grandemente por los altos precios internos de los derivados fósiles.
El precio de referencia del petróleo importado no parece tener mayor incidencia en los costos internos, como la innegable tendencia alcista del crudo y de la fortaleza del dólar, a consecuencia del incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.
La revisión a la baja en los precios de los combustibles solo podría ser posible mediante una negociación de contenido fiscal, que garantice al Estado, por otras vías tributarias, los recursos que dejaría de percibir por una reducción del impuesto de ley. Todo lo demás es cuento de camino.