El proceso penal por el escándalo Odebrecht no tendría ningún resultado positivo sobre el fortalecimiento del ordenamiento jurídico y de la transparencia en la administración de fondos públicos, a menos que poderes públicos, sociedad y propios implicados asuman conciencia sobre la trascendencia histórica de ese caso.

Pretender trasladar ese expediente desde la augusta sala de audiencias de la Suprema Corte de Justicia a la arena de un coliseo gallístico causaría daño casi irreparable al anhelo colectivo de que esta vez la espada de la ley aseste una herida mortal al monstruo de la corrupción.

No se niega el derecho ciudadano a recibir por parte de las autoridades del Ministerio Público y del Orden Judicial el legajo de información disponible en torno al proceso penal ni a que la prensa procure infidencias adicionales, pero se insiste en lo pernicioso que sería que degenere en una cooperativa de descalificaciones.

El presupuesto de acusaciones incoado por el Ministerio Público contra los imputados se socializa en todos los medios locales de comunicación y en las redes sociales, pero al momento de su valoración, cada cual debería entender que en favor de los encartados prevalece el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Los abogados o asesores jurídicos de los justiciables deberían también asumir con absoluta responsabilidad su rol de auxiliares de la justicia, lo que supone una visión estrictamente técnica y fervorosamente ética sobre la estrategia de defensa, a los fines de no canibalizar el proceso.

Aunque el escándalo Odebrecht ha desatado los mil demonios e infectado con el cólera del descrédito a la clase política, tarde o temprano llegaría al escenario nacional este momento de hastío por un flagelo de corrupción y prevaricación que se ha alojado en el mismo tuétano del tejido social.

Esta vez, la sociedad y propios imputados tendrán que confiar en la pulcritud de la justicia, cuya actuación a su vez será juzgada por la historia, por lo que todos tendrán que aprender a manejar sus propias crisis, para cuando llegue la hora puedan demostrar su proclamada inocencia o aceptar con resignación el malletazo de la condena.