El acuerdo de compensación económica y colaboración jurídica entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht constituye otro paso de avance en la investigación y esclarecimiento sobre el caso de soborno admitido por ese consorcio brasileño.

Odebrecht acordó indemnizar al Estado dominicano con 184 millones de dólares, de los cuales pagará en lo inmediato US$30 millones y el resto durante ocho años, además de que se consigna que el país tendrá posición de privilegio en el cobro de esos dineros por sobre otros acreedores.

Es claro que el Ministerio Público tiene el compromiso y la obligación de identificar a las personas físicas o jurídicas que recibieron sobornos de esa empresa a cambio de otorgar privilegios en licitaciones o concesiones de obras públicas.

Se requería aplicar en ese escándalo la ley 448 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, que ha quedado reflejado en el acuerdo suscrito con Odebrecht, que admitió la violación a ese estatuto, cuyo ámbito tiene que ver más con sanciones pecuniarias que a prácticas desleales de comercio o empresarial.

En ese acuerdo se establece el compromiso de Odebrecht de ofrecer a las autoridades locales las mismas confesiones que ofrecieron en Brasil y Estados Unidos, con todas las operaciones de soborno realizadas en República Dominicana, incluidos nombres de los sobornados.

Puede decirse que hasta el momento, el Ministerio Público encamina las investigaciones sobre ese escandaloso expediente con notoria eficiencia procesal, por lo que la ciudadanía debería otorgarle un merecido voto de confianza.

Es claro que después de la confesión de Odebrecht, de que otorgó sobornos por US$92 millones a funcionarios o gente influyente en República Dominicana, las autoridades están compelidas a identificar y procesar a los sobornados, sin importar nombres o apellidos, porque en caso contrario, los resultados de las indagatorias merecerían ir al zafacón de la basura.

Es de justicia afirmar que el Ministerio Público ha dado un gran paso adelante con el Acuerdo de Compensación Económica suscrito con Odebrecht, que además de resarcir un daño infligido, permitirá señalar con el índice a los culpables.