El intercambio de acusaciones en torno a la quema de una bandera nacional entre el director de la Junta Municipal de Santa Lucía, El Seibo, y comunitarios demanda de una exhaustiva investigación para establecer responsabilidades. De ninguna manera se puede tolerar la profanación de un símbolo patrio, por demás sancionado por la Constitución y las leyes, para atizar, como sería el caso, persecución contra inmigrantes haitianos. Demasiado grave es el hecho por el que se acusan comunitarios y el edil Jossan Capell como para que quede impune.
Moradores de La Higuera han acusado a Capell de quemar la bandera para desviar la atención sobre supuestas irregularidades en que ha incurrido durante su gestión y desatar una cacería contra ciudadanos de nacionalidad o ascendencia haitiana. Bajo ninguna circunstancia se puede consentir que los símbolos patrios profanados ni utilizados como instrumentos para justificar atropellos. Los responsables por la quema de la bandera tienen que pagar las consecuencias.
El Nacional
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