Un Estado responsable, sensible y comprometido con el interés de sus ciudadanos tiene que esforzarse, entre otros muchos puntos, en un énfasis especial a la protección de la infancia y la población envejeciente.

La rentabilidad es un factor importante para garantizar una producción estable y sostenible, pero en ningún caso se justifica o puede autorizarse aumentos cuando atentan contra precios asequibles a los consumidores, principalmente los de menores ingresos.

Ese debe ser el razonamiento aplicable en cualquier caso en que esté en juego el bienestar de los más necesitados y en este momento tenemos un ejemplo muy ilustrativo de esa preocupación con la pretensión de los ganaderos de aumentar el precio en finca del litro de leche.

Representativos de diferentes sectores del país, particularmente genuinos defensores de la protección a los consumidores, han advertido que si esa alza se autoriza, como insisten los ganaderos, el precio de la leche se situaría entre 90 y 100 pesos, niveles prohibitivos.

Estamos, pues, ante un inadmisible intento de atentar contra el bienestar colectivo, ya que la leche es un alimento indispensable para el desarrollo de una niñez sana y la preservación de una vida estable para los adultos mayores.

El Ministerio de Agricultura ha explicado y los ganaderos no acaban de entender, que ese organismo no tiene potestad para autorizar un aumento, máxime en la proporción que ellos aspiran, porque hay que tomar otros elementos que intervienen en la cadena de comercialización.

En otras palabras, que los productores tienen que reinventarse y hacer las transformaciones para no desaparecer. El reto tiene que ser asumido como una oportunidad para crecer y sustentarse.

El desafío tiene que asumirse, teniendo en cuenta que el incremento que reclaman, además de impopular, solo les permitiría sobrevivir coyunturalmente.