En un admirable esfuerzo de Proconsumidor que implicó mucho tiempo y dinero, las empresas vendedoras de gas finalmente pusieron balanzas para pesar el bien que venden. Curiosamente, una importante proporción de los mismos usuarios que se trataba de defender, rehúsa pesar lo que compran. ¿Que pasó? ¿Los consumidores quieren ser estafados? ¿Falta educación? Algún plan malévolo? El fascinante caso de las balanzas de gas es el ejemplo más reciente de lo que está mal en gran parte del modelo económico y regulatorio de República Dominicana, abramos los ojos.
En un viaje de placer a Estados Unidos se me presentó la necesidad de echar combustible al vehículo que había rentado para desplazarme. Ubicadas en un perímetro menor a una cuadra había 5 estaciones de combustibles de diferentes compañías, todas con precios distintos entre ellas. Como consumidor de paso, solo conocía los precios, andaba en un vehículo rentado, no iba a permanecer en el país por mucho y mi interés era limitar mis gastos. Naturalmente compré en el sitio que ofrecía el galón de gasolina más barato. ¿Mala? ¿Buena? No importa, el vehículo no es mío y no estaré allí si el dueño algún día pretende reclamarme. ¿Falta de educación? ¿Plan malévolo? Ninguno, actúe como un consumidor normal. El dueño del vehículo debe presumir mi actuación al momento de fijarme su precio de alquiler, y el dueño de la estación de combustible también lo hará al momento de fijar el suyo, si no antes, seguro ahora. Todos contentos.
De vuelta a República Dominicana tenemos un consumidor, un vendedor y un precio. Lamentablemente ninguno de los dos puede elegir el precio, este lo dispone el Gobierno y por ende para ninguno de ellos resulta relevante. Otros factores adquieren mayor relevancia. El vendedor probablemente desea vender más y gastar menos, para hacer rentable el precio. El consumidor quizás prefiera mejor calidad en el servicio.
Sin balanzas, en su afán de cortar costos el vendedor empieza a estafar a sus clientes vendiendo el gas por debajo del peso cobrado. El consumidor nota que el rendimiento no es igual, prueba en otra estación y confirma que le han estado estafando, el servicio decae en calidad, entonces cambia la estación que frecuenta.
Ante quejas generalizadas el Gobierno reacciona y ordena que las estaciones usen balanzas y pesen los cilindros al vender. El proceso eleva los costos para los vendedores (estafadores y no), el tiempo agregado del pesado significará atender menos clientes. Los costos suben también para el consumidor, el tiempo del pesado hace más lento y deficiente el servicio. Los consumidores que otorguen más valor a su tiempo que al riesgo de perder unos pesos por venta engañosa, rehúsan el pesado, mientras aquellos que valoran más su dinero que su tiempo exigen el pesado. La existencia de los segundos minimiza el riesgo a los primeros haciendo que más de los segundos prefieran ser como los primeros. Al final, pocos usan balanzas. Quizás llegue el día en que el costo de tenerlas deje de valer la pena. ¿Cómo resolver el problema?

