En el artículo de la semana pasada vimos el porqué las balanzas para el pesado del gas han ido quedando en desuso por exigencia de los mismos consumidores que se pretendía proteger, al incrementarse los costos para ambos. La acción de los vendedores, como la actitud de los consumidores, es racional y predecible. El caso de las balanzas nos brinda una oportunidad formidable para evaluar el real modelo económico dominicano, y pensar en lo que debemos hacer para cambiarlo.

En un mundo habitado mayoritariamente por personas racionales, el que compra un bien desea hacerlo al menor precio posible por una calidad que estime adecuada, y el que vende va a desear hacerlo al mayor precio que suficientes personas estén dispuestas a pagar. El afán de lucro, natural al ser humano, tiene la ventaja de ser predecible y por ende fácilmente manipulable.

Sin embargo, en nuestro país hemos apostado a lo contrario. Tenemos una clase empresarial que entiende que por ser dominicana o nacional tiene que ser protegida, una clase obrera y de consumidores que por ser el pueblo exige ser protegida, y finalmente tenemos un Estado compelido a proteger a todos. ¿Es necesario esto?

La protección se ha entendido a través de la fijación de precios directamente por el Estado o incentivando a los vendedores a conservar sus precios mediante subsidios. Esta protección elimina el poder que tienen los consumidores. En el caso del gas, si el precio no lo fijara el Estado, es probable que los consumidores por sus hábitos llevarían a los vendedores o a ofrecer mejores precios o a incrementar la calidad de su servicio. Cuando el precio lo fija el Estado, el consumidor se expone a las medidas de ajuste de costos para obtener mayor rentabilidad que haga el vendedor, muchas legales y otras tantas ilegales, esto sin mucha maniobrabilidad para defenderse.

Cuando se hace mediante subsidios se agrega el agravante de la concentración de oferentes. Esto es, favorecer la creación de grupos o cárteles a los fines de distribuir el subsidio o negociarlo, grupos que luego razonablemente tienden a sobrevivir para llegar a acuerdos entre ellos para fijar precios o estándares. Las consecuencias suelen ser peores que la fijación de precios por parte del Estado, porque esto también afecta a cualquier competidor nuevo que trate de buscar espacio en el mercado.

Finalmente, ¿con qué nos deja esto? Con vendedores de gas que venden por debajo del peso que alegan, vendedores de gasolinas que contrabandean desde países donde la prima de compra es menor que la ofrecida por el Estado dominicano, transportistas dueños del país, grupos de arroceros, constructores, etc. que viven de la asistencia estatal y aplastan cualquier viso de competencia que les trate de desplazar.

La consecuencia inmediata de consumidores que no pueden incidir con sus hábitos sobre los precios y grupos empresariales acaparando mercados es la República Dominicana de hoy, de poco empleo formal y salarios deprimidos. Mientras esto no sea variado, debatir políticas de desarrollo, o ponderar cambios en el modelo económico, es pérdida de tiempo.