Por: Hugo A. Ysalguez

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Los gobiernos de las últimas seis décadas, no han tenido la voluntad política de establecer un control migratorio de las personas que ingresan ilegalmente en el país. El Tribunal Constitucional, con su sentencia sobre la nacionalidad, puso la piedra angular para establecer normas claras para regular la estancia de indocumentados.

Las cifras actuales, reportan que en nuestro territorio hay más de un millón de haitianos ilegales, y más de cien mil de otras nacionalidades. El contenido del veredicto del TC, traza las reglas para normalizar la presencia de personas que residen aquí sin visa ni ninguna otra documentación legal. Hemos sostenido que los inmigrantes ilegales que puedan demostrar que hayan residido en el país, sin delinquir, puedan optar por una residencia dominicana, tal como aconteció en los Estados Unidos en el año 1986, con la Ley Simpson-Rodino, que fijó un tiempo determinado de permanencia en esa nación para regularizar el estatus de los indocumentados.

El noventa por ciento de la población dominicana apoya el veredicto del Tribunal Constitucional, y sólo un reducido grupo proclive a la xenofilia, censura a acremente la decisión de la alta Corte. No es cierto que en el país, se patrocine el racismo y la discriminación contra los vecinos del otro lado de la frontera.

Es importante recordar que los dominicanos constituyen un pueblo rebelde, siempre prestos a defender la soberanía nacional, no importa el color de la piel que tengan los invasores. En el pasado, se han librado grandes batallas, a fuego y sangre, contra los blancos españoles, norteamericanos y franceses. Urge insistir en la necesidad de una mayor vigilancia y protección de los 388 kilómetros de frontera que divide Haití de la República Dominicana, a los fines de construir un muro de contención que impida el paso ilegal de los haitianos. Solamente, en Jimaní y Dajabón existen dos puestos de chequeos, los cuales son muy vulnerables por la actitud permisiva de los militares de puestos en esos lugares.