Apelo al compromiso ciudadano y al sentido de racionalidad que debe caracterizar el ejercicio político civilizado para reflexionar sobre un tema esencial que, desde mi punto de vista, constituye el principal obstáculo que está desafiando nuestra democracia: la inseguridad ciudadana.

Cuando los dominicanos pasamos balance sobre el debate público con posterioridad al ajusticiamiento del tirano llegamos a la conclusión de que cuatro décadas han servido para aproximarnos al diseño de políticas públicas sobre educación, desigualdad social, pobreza, estabilidad económica, fortalecimiento institucional, sector eléctrico, calidad en la inversión pública y otros temas que han figurado en la agenda nacional.

Abordados de forma inteligente y estableciendo recetas fallidas, todos los gobiernos elaboraron estrategias para combatir los aspectos esenciales de una nación que, como la nuestra, siempre tendrá que perfeccionar las formulas para darle al sistema democrático mayor nivel de competencia y eficiencia.

Con avances y retrocesos, el país conoce la visión de los principales exponentes de la clase política respecto de los temas fundamentales.

A lo que la pasión e irracionalidad nos condujo es a las dificultades para establecer una visión de conjunto para la solución de los grandes problemas. Desafortunadamente, somos buenos en la disparidad y menos inteligentes para apostar a las coincidencias.

La condición de miembro de una organización opositora no impide entender que, el nuevo modelo de ejercicio democrático, nos obliga a coincidencias donde el interés público se coloque por encima de las discrepancias propias de la pluralidad política.

Estamos obligados a combinar voluntades para abordar ámbitos de la vida nacional que no terminan de satisfacer las necesidades de sectores importantes del país, profundamente desesperanzados por las desigualdades que invalidan las virtudes del sistema de partidos.

Las estadísticas oficiales siempre serán objeto de impugnación, los datos pueden ilustrar el drama de los niveles de inseguridad: en el primer trimestre de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) registró 576 homicidios en el territorio nacional, de los cuales la provincia de Santo Domingo alcanzó 161 y el Distrito Nacional 96.

En municipios como Boca Chica (40), Villa Mella (33), Herrera (39) y Los Alcarrizos (34) se perpetraron homicidios y hechos violentos que siembran terror entre sus habitantes.

Los registros de la Policía Nacional (P.N.) establecen que durante el último semestre del año 40 taxistas fueron ultimados en Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago; y eso llama a la conciencia de toda la clase política a mancomunar un verdadero esfuerzo para priorizar el tema de la seguridad ciudadana. Con la gravedad de que 8 de los taxistas fueron asesinados por jóvenes entre 15 y 17 años de edad.

No deja de alarmar que categorías delincuenciales impensables hace diez años como el sicariato, extiendan el funesto listado de dolor y sangre a familias que como la de Guillermo Tejada (2008), Normando García (2008), Alexander Vargas (2008), Antonio Ross (2008), Ramón Guerra (2009), José Ramón Crespo (2009), Alejandro Luna (2010), Milva Ogando (2010) y Arturo Delgado (2010). En los últimos tres años, muertos por encargo llegan a 58 personas.

Santiago de los Caballeros es el corazón del Cibao y el innegable incremento de actividades delictivas han trasformado la percepción respecto de una ciudad caracterizada por actividades productivas a gran escala y una histórica contribución al desarrollo nacional.

El estudio auspiciado por el Voluntariado de la Seguridad Pública de Santiago (VOSES), estableció que en el primer cuatrimestre del año se reportaron 62 muertes violentas. Opiniones de ciudadanos como Olivero Espaillat, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y Juan Carlos Ortiz, presidente de VOSES nos ilustran con bastante objetividad sobre la relación pérdida de empleos y aumento de actividades delictivas.

Se mantiene vivo el recuerdo del vivo asesinato de la jovencita, Vanessa Rodríguez, el atentado contra el abogado y periodista, Jordi Veras y el brutal homicidio contra señor Pedro Pablo Peña de 73 años para despojarlo de su pasola, en la comunidad de Palmar Arriba. Ese es el Santiago que no puede ser posible.

Los que aspiramos a un país mejor no podemos abordar un tema de tanta seriedad como el de la seguridad ciudadana seducidos por la pasión política y reducidos a sacar provecho electoral.

Intentarlo, obstruye la articulación de voluntades y liderazgos que en el ámbito político, social, económico y religioso están llamados a trabajar en conjunto para diseñar acciones concretas en materia de políticas públicas que terminen en un pliego de propuestas inteligentes para la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Gobierno y oposición poseen las herramientas para construir un modelo de aproximación a una estrategia que, analice las causas y soluciones del drama que vivimos los dominicanos cuando directa o indirectamente somos víctimas de asaltos, atracos, secuestros, asesinatos por encargo y toda una gama de actos que perturban profundamente la tranquilidad ciudadana.

Conocemos de experiencias donde la diversidad de enfoque ha servido como elemento enriquecedor a la hora de diseñar planes en favor de urgencias nacionales.

¿Acaso el plan decenal de educación no sirvió para un diseño de acciones inteligentes en el sector? Sentar a educadores del talento de Ivelisse Pratts, Nicolás Almánzar y Ligia Amada Melo constituyó una excelente experiencia para demostrar la capacidad concertadora de excelsos maestros dominicanos.

Definir y poner en vigencia acciones que provoquen un freno a los alarmantes niveles de inseguridad ciudadana debe ser una tarea de todos porque en las calles, barrios, provincias y parajes estamos permitiendo que franjas desaprensivas de la sociedad derroten un valor esencial del sistema democrático: la paz ciudadana.