La aprobación de la Ley de Educación 66-97 estableció la conveniencia de que el financiamiento sea de al menos el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Fueron necesarias muchas luchas y muchos gobiernos para lograr que este porcentaje sea asumido en el 2012 por el Gobierno para financiar la educación preuniversitaria y garantizar la gratuidad que la Constitución del país, establece en beneficio de todos los dominicanos, sin distinción de etnia, sexo, zona de residencia, religión, etc.
Lograr que el gobierno asumiera el 4% fue una lucha en conjunto, una de las principales conquistas de la sociedad dominicana durante las últimas décadas.

El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en la utilización de esos recursos, principalmente en los programas siguientes:
El primero es el más visible. Se trata de la implementación de la tanda extendida y se han construido miles de aulas en el territorio nacional para alojar a los alumnos de los diferentes niveles.

Se complementa este proceso con la incorporación del almuerzo escolar en los centros educativos.

Cerca de un millón de alumnos se benefician de la tanda extendida. No obstante, hay que revisar con urgencia las actividades que en la práctica se están desarrollando en los centros educativos con el tiempo adicional disponible.

Este programa amplía la provisión de alimentos a los alumnos y se espera que esa medida eleve sus niveles nutricionales, su rendimiento escolar e impacte, a la vez, en la economía de los hogares.
El otro componente es el referido a las acciones con el docente.

La primera se refiere al concurso obligatorio para ingresar a un cargo docente, como establece el Estatuto de la Carrera Docente y que esta gestión ha aplicado con mucha seriedad, dando por resultado la puesta en evidencia de serias limitaciones de formación del cuerpo docente.

Además, se han establecido indicadores para medir el desempeño de los docentes y el desarrollo de los procesos de formación. También, se ha diseñado todo un mecanismo de acompañamiento de los docentes que recién ingresen al sistema educativo para garantizar que desarrollen sus habilidades y puedan asumir a plenitud las responsabilidades del aula.

Esos indicadores como los perfiles de la carrera docente definidos por el MINERD, son la base para el rediseño de la carrera de educación en las universidades, que dará lugar a una nueva generación de docentes cuya formación estará más concentrada en el conocimiento de las disciplinas del currículo superando las limitaciones actuales de los docentes.

Asimismo, se ha mejorado sustancialmente el salario que reciben los docentes siendo hoy una de las profesiones mejor pagadas en la administración pública dominicana.

También, se han incrementado sustancialmente las acciones de formación continua a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).

Sin embargo, estas acciones de formación son limitadas por la actitud de los docentes.

Muchos de ellos no las asumen con la seriedad necesaria y, con frecuencia inesperada, para integrar los grupos hay que hacer un esfuerzo enorme ya que no hay interés en la formación.

La promoción en la carrera docente o los aumentos salariales deberían estar condicionados a la renovación constante del conocimiento que poseen los docentes, ya que este es el capital de trabajo fundamental de los mismos.

A pesar de lo anterior, la distribución de los fondos no se corresponde con el principio de equidad que implica dar más al quien más necesita. En este caso, la frontera dominicana con Haití, que es la zona del país donde los indicadores de desempeño del sistema educativo presentan mayores déficits, principalmente en alfabetización, deserción y precario acceso a la educación secundaria.
Es la zona geográfica más pobre, pero la más importante para defender los principios socioculturales en que se basa la nación dominicana.
En esa zona es fundamental establecer una política educativa que se oriente a reforzar los valores de la cultura nacional y a la inculcación de tales valores a la población migrante que allí habita.
Una política educativa que atienda la igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades para todos como establece la constitución, debe preconizar por una distribución de los fondos públicos en base a la creación de zonas de desarrollo educativo prioritarias.

La frontera reúne todas las características para recibir un trato prioritario en la inversión pública.

Esa política debería priorizar ofertas educativas que fortalezcan las áreas del desarrollo económico y social de la región.

Por ejemplo, en los municipios de la región hay que garantizar que todos los centros educativos, rurales y urbanos, ofrezcan al menos una educación de 8 años de calidad, con programas especiales que atiendan a los potenciales desertores, las limitaciones propias de la zona rural, como la distancia a los centros educativos, las cualidades de los docentes, que deben ser los mejores, los más motivados y bien formados.

Además, establecer politécnicos y escuelas técnicas que permitan que el talento de la zona desarrolle habilidades que les permitan buscar un empleo o crearlos por sí mismos.

Las personas educadas son el principal recursos con que cuenta una nación para lograr su desarrollo.

Hay que establecer programas bilingües, biculturales, para atender las características de la población migrante que vive en la zona y fomentar el entendimiento, la comprensión, la convivencia pacífica entre los pueblos dominicano y haitiano.

El humanismo que predomina en la Constitución de la República y en nuestra Ley de Educación debería ser la base de este tipo de programa orientado a atender la diversidad cultural que existe en la Zona Fronteriza dominicana.