La sociedad dominicana ha sido estremecida en los últimos años por los escándalos de corrupción en el Estado, de los cuales no ha estado ausente el sector privado ni inversionistas extranjeros.

Los casos sobran, si se hace una retrospección sobre cada administración de Gobierno que ha tenido el país desde los pocos meses de constituirse la República.

La debilidad institucional con que nace la República genera confrontaciones en los liderazgos políticos y militares, que son aprovechados por los sectores económicos. De ahí que se impusieran los poderosos hateros (dueños de tierras y ganados) sobre la clase política, débil, dividida y carente de un liderazgo fuerte.

La debilidad institución es el elemento clave para que las clases política y económica corruptas dirijan el Estado y se sirvan del Poder que les confiere el pueblo para la administración de los recursos de la sociedad.

Por eso, los sectores económicos no para mientes en apoyar a los partidos políticos que son opciones de Poder, distribuyendo las plusvalías ganadas con sus inversiones según la posibilidad de triunfo electoral que presente en un proceso una determinada organización.

Al no existir reglas claras ni mecanismos instituciones en el país sobre la obtención y uso de recursos económicos en las campañas electorales, los gobiernos surgen amarrados al Poder económico.

De ahí que mas influencia puede tener en un Gobierno dominicano un empresario cotizante de los partidos, que un cuadro, militante o alto dirigente sacrificado de la organización política que llega a la administración del Estado.

En el país los partidos inician un proceso corruptor desde las primarias, pues ya ha quedado atrás que el dirigente haga liderazgo en base al trabajo, el esfuerzo y el sacrificio personal y familiar. Actualmente es líder quien más recursos económicos tenga para distribuir y comprar adhesiones.

Desde ese punto de vista, la política es un producto en el que se invierte recursos económicos que son recuperados con su plusvalía una vez se haya ganado una posición congresual, municipal o un cargo en la administración pública o al asumir la dirección del Poder Ejecutivo.

Queda entendido que sin un freno institucional, que ha de iniciar con una reforma en la Ley Electoral, una Ley de Partidos y el despertar de una ideología moralizante en el seno de las organizaciones políticas que previlegie la adecuada selección de candidaturas electorales para el Congreso y los municipios, sería imposible frenar el proceso de corrupción que hoy afecta a la sociedad.

Sólo se podría poner freno a los abusos y desafueros del Poder Ejecutivo, pues cuando desde ese Poder del Estado se admiten y asumen irregularidades, violaciones a leyes y la Constitución, sin recibir las sanciones correspondientes de los demás poderes, se cae en una situación de permisión y en una generalización de la corrupción en todos los estamentos de la sociedad dominicana.

De ahí, que la corrupción tenga un efecto dominó, pues si los subalternos observan que los superiores la ponen en práctica para privilegiar a familiares, amigos, colaboradores, militares, policías y políticos con el objetivo de garantizar la permanencia en los cargos y el Poder, entonces desde las diferentes dependencias del Estado sería natural el uso indebido de los recursos estatales.

Con la debilidad institucional, sería difícil enjuiciar y destituir a funcionarios, sea mediante juicio político o por acción del Poder Judicial, si el Congreso ni la Justicia cuentan con el aval y autorización del Poder Ejecutivo.

Hemos caído en un proceso muy grave, en el que la gente acepta el hecho de que el Poder todo lo corrompe, incluso a los más doctrinarios de las organizaciones políticas.