La oposición ha solicitado que el jefe de la Policía Militar Electoral, Mayor General ERD, Juan José Otaño Jiménez, sea removido de su cargo por la “inacción” frente a supuestos delitos cometidos por el PRM durante las elecciones municipales. En la solicitud firmada por candidatos presidenciales y presidentes de partidos políticos se propone, además, suspender al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, afirmando que ha mostrado “parcialidad y complicidad” con el PRM.

En los argumentos esgrimidos para motivar la destitución de Otaño Jiménez vemos una fijación extraña hacia el alto oficial la cual no debe pasarse por alto. Constituye un acto de cobardía de aquellos que se han dedicado a promover una absurda destitución de Otaño Jiménez con argumentos que carecen de peso jurídico para la decisión. Parecen desconocer cuál es el rol de la Policía Militar Electoral.

Es un abuso, una bajeza incalificable, lo que se trama en contra de ese oficial, al cual conozco y del que sé de sus orígenes, principios, valores, consagración a la vida militar y familiar, así como su devoción por el trabajo y el servicio a su país. Es incapaz de prestarse a algo indecoroso e ignominioso.

Ni en los momentos más oscuros de su vida militar, la cual ya tiene 44 años, cuando de manera injusta e ilegal le frisaron por 20 años en el rango de Coronel, jamás pasó por su cabeza, ni por asomo, un pensamiento u comportamiento de traición por beneficios materiales o cualquier ventaja. Ese ciudadano es de otra estirpe.

Quienes están detrás de la cabeza de Otaño Jiménez tienen que contener sus ambiciones, aspiraciones, frustraciones y depresiones, ya que insistir en eso a lo único que conduciría es a un indeseable y funesto deslucimiento o aborto de las elecciones del 19 de mayo; y eso no le conviene a nadie en este país. ¿O sí?