El Gobierno afronta desde hoy, primer día laborable de 2019, el gran reto de evitar que una adelantada e impetuosa agenda electoral ponga en riesgo la estabilidad de los principales indicadores económicos o que debilite los aún endebles pilares que sostienen la gobernanza e institucionalidad.

Aunque las elecciones generales están programadas para mayo de 2020, el presidente Danilo Medina ha señalado que en el mes de marzo de este año fijará su posición en torno al tema de la reelección presidencial, lo que desataría un intenso debate nacional en caso de que anuncie su deseo de aspirar a una nueva repostulación.

Aunque se sabe que la Constitución de la República veda esa posibilidad, la historia política y jurídica de la nación está llena de casos de revisiones del Texto Sustantivo para viabilizar la reelección. La mayoría de esos episodios han impactado negativamente en la economía, gobernanza e institucionalidad.
El 2018, en términos generales, fue un año de notables logros, especialmente en materia de crecimiento económico, estabilidad monetaria, control de inflación, con fuerte impulso de los sectores turismo, remesas, inversión extranjera y exportaciones.

Ese castillo de naipes podría derrumbarse si por alguna razón la vorágine de un desmesurado activismo electoral con madriguera en el Gobierno y el partido oficialista genera un tsunami de incertidumbre entre inversores, empresarios y otros sectores de la economía.

Debería tomarse en cuenta también que aun con los precios del petróleo en franco declive, el entorno internacional se presenta difuso e impredecible para 2019, con más peligro que estabilidad, lo que sería un factor de riesgo adicional para la economía dominicana.

A lo que se aspira es a que Gobierno y partido oficial asuman desde este primer día laborable el compromiso de dirimir o dirigir conflictos o propuestas de naturaleza política sin afectar los cimientos de la economía, gobernanza e institucionalidad, única manera de garantizar estabilidad económica y monetaria.

Oposición, empresariado, medios de comunicación y sociedad civil deberían participar junto al Gobierno en deseable blindaje de la estabilidad económica y política, porque una crisis, cualquiera que sea su naturaleza, retrotraería a la República a tiempos tan difíciles que con tan solo pensar en esa posibilidad se encrespan los pelos.