El populismo jurídico está de moda en nuestro país. Todos los problemas sociales quieren resolverse mediante leyes que se copian de otros países y se aprueban en el Congreso sin ser “aplatanadas” y sin los recursos económicos y humanos necesarios para su correcta aplicación. El problema de la República Dominicana no es de leyes, es de su aplicación rigurosa, es de la falta de voluntad política para implementarlas con todas sus consecuencias.

El mejor ejemplo es la ley 63/17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial que crea el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT), con funciones extraordinarias y complejas para lo cual requiere de muchos recursos humanos y económicos.

La ley, sin embargo, aunque parezca inverosímil, no da esos recursos. Por el contrario, se los niega al entregarle el 75% de lo recaudado por las multas a la Procuraduría, algo insólito, y el otro 25% al Instituto. Nada para las alcaldías.

Sin personal bien preparado, con equipos modernos, salarios decentes, no 7 y 9 mil pesos como gana un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Los antiguos “amemaos”, que siguen siendo lo mismo, no podrán hacer cumplir la ley. No tienen los recursos.

La directora del INTRANT es la ingeniera Claudia Franchesca de los Santos, con gran experiencia en el Estado, tiene la mejor disposición de hacer lo correcto, pero no tiene lo indispensable.

El INTRANT sólo tiene tres mil agentes en todo el país. Oigan bien: ¡Tres mil agentes! Imposible cubrir desde el “Gran Santo Domingo”, Santiago, San Cristóbal, Jimaní, Pedernales, Barahona, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Nagua, San Pedro, etc. ¡Una insensatez! ¡Una locura! Tres mil agentes mal pagados, peor entrenados. ¿Y a quién diablos se le ocurrió? ¿En qué pasaban los vagos que aprobaron una ley que pretende regular el tránsito en un país con más de diez millones de habitantes y un parque vehicular superior a los 4 millones, incluyendo más de dos millones de motocicletas, la mayoría sin matrícula, seguro, licencia, etc.?.

El INTRANT no tiene ni siquiera un presupuesto adecuado. El Estado le asigna -¡asómbrense!- menos de mil millones de pesos al año, mientras derrocha mil 500 en canastas navideñas y más de cinco mil millones en propaganda y bocinas. El Congreso, que tiene dinero hasta para echarlo al zafacón, se asignó para el año venidero otros mil millones de pesos. Pero para resolver el problema del tránsito no hay recursos. ¡Qué barbaridad! ¿En qué país vivimos?

La Policía Nacional tiene más de 34 mil miembros, la mayoría le sirve a funcionarios, congresistas, terratenientes, empresarios, periodistas, abogados, generales, coroneles, “segunda y tercera base.