Tal y como dice Eduardo Galeano, éste es el tiempo del miedo de la mujer a la violencia del hombre y del miedo del hombre a la violencia policial. En República Dominicana, vivimos de miedo en miedo, mientras unos pocos hacen negocio vendiendo impunidad, complicidad y una que otra yerba.
Una de las causas de la inseguridad es la corrupción. Debemos entender que ésta no sólo significa aceptar o pedir una dádiva, sino dejar de hacer cuando se está obligado a ello.
El no arrestar a quien debió ser detenido genera impunidad; igualmente dejar sin castigo cuando debía haberlo. La impunidad se manifiesta cuando el policía no detiene al infractor, por incapacidad, complicidad o desconocimiento; cuando las autoridades no hacen debidamente su trabajo.
También en nombre de la seguridad se compraron costosas motocicletas Harley Davidson que para nada han servido, incautan motocicletas que luego no aparecen, intervienen teléfonos con el interés real de escuchas políticos.
En nombre de la seguridad y el combate a la delincuencia se mata, se asesina y se elimina competencia.
En nombre de la seguridad el jefe de la Policía maneja millones de pesos que bien pueden ir a mejorar las condiciones de vida de los agentes que realmente trabajan.
Por la seguridad, han sido muertos 2000 dominicanos en los últimos tres años, y esto fue justificado por el jefe policial señalando que 158 agentes murieron en el mismo período cuando cumplían con su deber.
En nombre de la seguridad se hacen redadas en lugares oscuros e inseguros, e incluso se les dispara a conductores que, temerosos de ser asaltados, aceleran la marcha. En nombre de la seguridad se humilla a los hombres de trabajo en los barrios marginados. Hay tribunales en los destacamentos donde muchas veces el detenido tiene que pagar para salir en libertad.
En nombre de la seguridad se paga millones en inteligencia, aunque la Policía nunca sabe lo que todos en el barrio conocen.
El impacto de la inseguridad obliga al gobierno a diseñar esquemas alternativos, sin sacrificar el respeto por los derechos humanos y las garantías ciudadanas.

