Están presionando a la Asamblea Revisora para que reconsidere su posición respecto del tribunal constitucional. Estamos olvidando que el Poder Judicial dejó de ser en 1997 un órgano subordinado al Poder Ejecutivo para convertirse en su contrapeso, propiciando así un clima de seguridad jurídica que ha elevado considerablemente el índice de inversión extranjera durante los 12 últimos años.

Más aún, la Suprema Corte de Justicia ha demostrado su fecunda competencia no sólo como Corte de Casación, sino también para decidir los recursos de inconstitucionalidad que les han sido sometidos.

Pero independientemente de las razones jurídicas que justifican la retención del control de la constitucionalidad en poder del pleno de la Suprema, hay otra que no menos importante que se ha perdido de vista. Se trata de la carga económica que conllevaría instituir una sala o tribunal pretendidamente especializado.

Al Poder Judicial no se le han asignado las partidas establecidas en la Ley 194-04, esto es, el 2.66% de los ingresos fiscales, limitaciones que no han permitido poner en operación nuevas estructuras judiciales que hubiesen contribuido a acelerar la solución de conflictos y a mejorar la calidad de los servicios judiciales.

Resulta, por tanto, inconcebible que se pretenda instituir un tribunal sin carga laboral que lo justifique, y, peor, que implique un costo de unos 250 millones de pesos anuales. Semejante gasto no se corresponde con las prioridades judiciales con el contexto deficitario de las cuentas públicas. Los informes del primer semestre de este 2009, revelan que los ingresos tuvieron una estrepitosa caída de un 13.5% con relación al 2008, déficit que ha obligado al gobierno a solicitar auxilio al FMI. En circunstancias tan apremiantes, ¿no es imprudente proponer un tribunal constitucional que incrementaría sensiblemente el gasto público?