El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, ha advertido que el voto preferencial para el nivel municipal convertiría las elecciones de 2020 en un “pandemónium”, porque obligaría a confeccionar 450 tipos de boletas diferentes para dar cabida a los candidatos a regidores y suplentes.
Sin aplicar el mentado voto preferencial a ese nivel el número de boletas diferentes se reduciría a 164, lo que disminuiría el nivel de complejidad y el costo de los comicios, por lo que el buen juicio aconseja al menos sustituir esa modalidad por el de la boleta cerrada y bloqueada a nivel municipal.
No es mucho lo que gana o pierde el elector con identificar por sus nombres y apellidos a cada uno de cientos de aspirantes a los mil 164 puestos de regidores y 740 vocales de distritos municipales, porque la mayoría de quienes obtienen esos cargos se olvidan de sus comunidades.
Ese “pandemónium” que refiere el presidente de la JCE virtualmente le cuesta al contribuyente un riñón y la mitad del otro, como lo revela el propio Castaños Guzmán, al señalar que en las elecciones de 2016, cada voto válido tuvo un valor para el Estado de 1,057 pesos, equivalente a 23 dólares.
Como si eso fuera poco, la JCE ha distribuido desde 1998 financiamientos a los partidos políticos por 12 mil 220 millones de pesos, suma que ascenderá a unos 15 mil millones para las elecciones de 2020, lo que indica que cada sufragio validado tendría un valor igual al de un ojo de la cara.
Con el actual esquema institucional, la organización y montaje de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales se tornan complejos y muy costosos, sin que se pueda garantizar altos estándares de transparencia, eficiencia, pulcritud o diafanidad.
Una nueva Ley Electoral debe propender a simplificar el proceso electoral, incluido un significativo recorte al tiempo de campaña proselitista, fijación de un tope a la financiación de partidos y candidatos y férrea regularización de la propaganda y publicidad electoral.
El contenido de la charla ofrecida por el magistrado Julio César Castaños Guzmán ante la matrícula del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), debería servir a Gobierno, partidos y propia JCE como guía y referente de lo que anticipadamente debe hacerse para evitar que las elecciones de 2020 se conviertan en un “pandemónium”.

