El presidente Leonel Fernández tuvo que intervenir directamente para terminar con el privilegio que tienen los presos de usar teléfonos celulares y parábolas para señales de cables de televisión e internet.

Para nadie es un secreto que en el país hay presos que viven mejor cualquier profesional de clase media, que disfrutan de equipos de tecnología de punta, que reciben visitas privadas y otros a los que se les permiten sus escapadita los fines de semana.

Para comprobar esto no hay que hacer ningún tipo de investigación más allá de las narices. Bastaría con revisar las cuentas de Facebook y Twiter de algunos presos en las que con mensajes y fotos alardean de los privilegios que disfrutan en las cárceles.

Pero como si eso fuera poco, a los magistrados de la Junta Central Electoral (JCE) se les ocurrió que no era suficiente y que a los preventivos (los que aún no han sido juzgados) se les permita el derecho a votar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo próximo.

En esta situación hay alrededor de 4 mil presos en las cárceles del país, que su voto podría ser decisivo en cualquier elección cerrada.

Revisando las estadísticas de las anteriores elecciones congresuales y municipales, tenemos que el 20% de los senadores y síndicos que resultaron electos en esos comicios obtuvieron una ventaja de menos de mil votos sobre su adversario. O sea que en el futuro los votos de cualquier recinto penitenciario podría ser la diferencia entre un candidato y otro.

El problema es más serio de los que los jueces de la JCE se imaginan, pues la República Dominicana es el quinto país de América Latina con mayor número de presos preventivos, y a nivel mundial uno de los que más internos sin condena tiene por cada 100 mil habitantes.

Si esta chercha se permite veremos candidatos presidenciales ofertando retiro de acusaciones, a través del Ministerio Público, indultos y otros tipos de impunidad a cambio del voto de los presos.