El presupuesto general del Estado puede definirse como el instrumento principal de planificación, captación y redistribución del ingreso público, mediante diseño de políticas que promuevan crecimiento y desarrollo, sostenido en equidad económica y justicia social.

Es por eso que se concede trascendencia a la conformación de esa pieza, cuyo estimado de ingresos sería de 871 mil millones de pesos y la proyección del gasto público de un billón 46 mil 280 millones 72 mil pesos, con un déficit fiscal de un 3 % en proporción al Producto Interno Bruto (PIB).

El Gobierno apuesta por un ejercicio presupuestal alejado de la posibilidad de una reforma fiscal, razón por la cual su monto es relativamente similar al que se aplica en 2021, que asciende a un billón, 94 mil millones 808 mil pesos, unos 50 mil millones menos que el presentado anteanoche en el Consejo de Ministros.

El portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa, adelantó que las mayores partidas en ese proyecto de Ley de Gastos estarían consignadas a los sectores salud y educación, lo cual hace sentido porque esas áreas han sido las más afectadas por la pandemia del coronavirus.

No resulta fácil identificar fuentes adicionales de ingresos para suplir un inusitado incremento del gasto público derivado de la afectación pandémica, lo que ha tenido que cubrirse con endeudamiento, aunque tal parece que el Gobierno haría énfasis en disminuir el egreso o cualificar las inversiones.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, dijo que ese presupuesto general del Estado contiene 33 políticas con sus respectivas áreas de intervención, entre las que figuran empleo formal, seguridad ciudadana, acceso a la salud universal, educación de calidad e igualdad de género.

Contra ese presupuesto pesa mucho la baja presión fiscal que aún prevalece en el sistema tributario, de apenas un 13.5 %, cuando en la Estrategia Nacional de Desarrollo se proyecta alcanzar hasta un 20% en proporción al PIB, aunque algunas medidas oficiales como eliminación del subsidio eléctrico y los dirigidos a sectores productivos obraría como velada reforma fiscal.

A reserva de que Gobierno, empresariado, partidos políticos, académicos y sector sindical ofrezcan sus pareceres sobre el contenido y alcance de esa pieza queda la impresión de que el déficit previsto podría ser mucho mayor y de que obras prioritarias tendrían que aguardar por mejores tiempos.