La criminalidad es citada frecuentemente por encuestas y medios como uno de los problemas que más preocupan a la población; una mirada superficial al Presupuesto General del Estado nos diría todo lo contrario, y sugeriría que este pedazo de isla es la Islandia del Caribe donde el crimen violento no existe. Las asignaciones para el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, combinadas, no llegan al 1.5% del total del Presupuesto. Todo el gasto que se realiza en la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNI y, por qué no, en las Fuerzas Armadas para combatir al crimen y el narcotráfico es totalmente inútil si los dos órganos llamados a actuar sobre ese trabajo están críticamente subfinanciados.

Debemos dejar de engañarnos si creemos que la criminalidad va a ser combatida con una Procuraduría General de la República que debe manejar todas sus responsabilidades con un presupuesto menor que al que se le paga a la Cámara de Diputados. Menos aún va a solucionarse ese problema si nos damos el lujo de gastar más en mantener al Congreso que a todo el Poder Judicial. Sí, el Presupuesto está afectado por rigideces legales y no hay entradas adicionales para cubrir el aumento que el Poder Judicial y la Procuraduría General requerirían, pero nada de eso impide una reestructuración del gasto.

La Procuraduría General es la llamada a ejecutar la política criminal del Estado y por ley debe dirigir las investigaciones en todo proceso judicial de esa naturaleza. Resulta un absurdo administrativo y presupuestario que las armas para ejecutar ese mandato estén siendo administradas por el Ministerio de Interior y Policía. Si deseamos que la Procuraduría haga su trabajo de reducir la criminalidad, esta debe tener el control presupuestario sobre sus auxiliares tales como la Policía Nacional, la DNCD, la DNI y un enlace significativo con las Fuerzas Armadas cuando estas realicen operaciones catalogables como de policía. La Procuraduría podrá reajustar ese presupuesto global para enfocarles a su mandato, lo que si bien no implica que las necesidades presupuestarias van a cesar (todas esas entidades tienen problemas presupuestarios), sí abriría la ventana a una administración más eficiente y coherente del dinero destinado a combatir a la criminalidad.

No entiendo por qué los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, el de Turismo, el de Medio Ambiente y la Cámara de Diputados manejan presupuestos superiores al de la Procuraduría General de la República, ni por qué el gasto en el Ministerio de la Mujer, Juventud y Cultura es la mitad de lo que se gasta en el Poder Judicial, y ni hablar de la Presidencia que recibe 9 veces lo que recibe este. Si nos enfocamos a nuestras necesidades entiendo perfectamente posible una reestructuración del gasto en todos esos órganos y ministerios como para duplicar las asignaciones a la Procuraduría y el Poder Judicial sin consecuencias significativas en el operar del Estado y brindando más frutos positivos a la sociedad y la economía.

Si los dominicanos realmente deseamos frenar la criminalidad, el reclamo por mayores asignaciones a la Procuraduría General y el Poder Judicial debería acaparar tanto o más apoyo que el que recibiera el 4% a la Educación, pero esta vez no alrededor de un porcentaje de ley (que solo crearía más rigideces) sino sincerándonos sobre nuestras necesidades.