Con la entrega del certificado de propiedad al Poder Ejecutivo de los terrenos de Bahía de las Águilas se cierra el capítulo del gran fraude inmobiliario perpetrado hace 27 años que despojó al Estado de más de 362 millones de metros cuadrados de ese litoral en Pedernales y del Parque Nacional Jaragua, en el suroeste.

La entonces abogada del Estado, Piky Lora, inició en 1997 un proceso legal encaminado a recuperar esas propiedades obtenidas por particulares de manera fraudulenta, según sentencia del Tribunal de Tierras que en 2014 anuló los títulos emitidos.

Para alcanzar la condición de la cosa definitivamente juzgada, fue necesario que el Tribunal Superior de Tierras y la Suprema Corte de Justicia confirmaran esa sentencia, lo que permitió que el procurador general, Jean Alain Rodríguez, entregara al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, los títulos definitivos.

Ha sido ese un triunfo de la sociedad dominicana representada por muchos profesionales del derecho y dirigentes comunitarios que, junto a la doctora Lora, emprendieron la tarea de recuperar esos terrenos con vocación turística, distribuidos como si fueran parcelas agrícolas.

Bahía de las Águilas es un patrimonio de la nación, como lo es también el Parque Nacional Jaragua, por lo que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debe ser objeto de enajenación en provecho de ningún sector económico nacional o extranjero.

Se admite la necesidad de iniciar en ese paradisiaco litoral el denominado Cuarto Polo Turístico, pero un proyecto de esa envergadura debería sustentarse sobre reglas claras que garanticen que la riqueza inmobiliaria no sería convertida en botín de modernos filibusteros o bucaneros.

Como polo turístico, Bahía de las Águilas no puede tener de referencia los otros proyectos ya desarrollados en el este, norte y nordeste, porque las tierras playeras de Pedernales son propiedad del Estado y no deben ser adjudicadas de manera graciosa o en base a irritantes privilegios.

Después de recuperar ese patrimonio del Estado, el próximo paso sería el de garantizar de manera absoluta la debida transparencia en su uso, acceso y explotación, porque no sería aceptable que 27 años después de ese gran fraude inmobiliario se repita la historia, aun sea disfrazada de ventajosos proyectos turísticos.