Al ejecutar un operativo para desmantelar una supuesta red de fiscales, empleados administrativos y policías dedicados a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos, el Ministerio Público ha ingerido una especie de purgante de ley para expulsar parásitos que lastran su vientre.

Operación Gavilán, como ha sido bautizada la acometida de la Procuraduría General contra su propio organigrama laboral, ha incluido allanamientos en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Independencia, donde han sido arrestadas al menos doce personas.

Se trata de una investigación sin precedentes que procura desactivar una estructura criminal organizada a nivel nacional que borraba historiales penales de imputados por narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales, entre otras infracciones.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló que personal de su jurisdicción está involucrado en los ilícitos penales que investiga la Procuraduría, lo que ofrece una idea de la magnitud de la red que operaba en diferentes fiscalías.

A esa red de fiscales y empleados se le acusa de borrar historiales criminales correspondientes a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales y hasta a procesados por adulteración de alcohol, para lo cual cobraban fuertes sumas de dinero en calidad de sobornos.

La sociedad dominicana no agota aun su capacidad de asombro ante la revelación de sucesivos casos de corrupción o entramados criminales, que como el de Operación Gavilán, involucra el borrado de miles de expedientes penales perpetrado por ese entramado a cambio de millonarios sobornos.

Como para que la población no se despegue las manos de la cabeza, el Ministerio Público depositó ayer ante la Suprema Corte de Justicia la acusación contra una legisladora del partido oficial, implicada junto a su esposo y dos hijos en el supuesto lavado de más de dos mil millones de pesos provenientes del narcotráfico.

Consterna e indigna saber que desde la institución encargada de investigar, perseguir y someter a la justicia a imputados en crímenes y delitos, opere una red que borró de la faz de la tierra miles de antecedentes penales, lo que demuestra que el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis en el tuétano de la sociedad.