Estoy escéptico sobre las posibilidades de que concurramos a un certamen exitoso el domingo sin haberse esclarecido lo ocurrido el 16 de febrero; sin identificarse causas que originaron aquel desastre; ni derivarse responsabilidades. La gravedad de eso no hace falta justificarla. Otro fracaso en un episodio decisivo para la gobernabilidad, acarrearía consecuencias que no resultaría fácil superar.

Incluso, el corto tiempo entre un evento y otro conspira contra su organización adecuada, sobre todo al recordar que el método de elección será diferente en colegios donde vota la mayoría de ciudadanos; que los árbitros son los mismos; y siguen compitiendo quienes solo saben hacerlo con ventajas ilegítimas resultado de la incapacidad de la JCE de aplicar prerrogativas que constitucional y legalmente le corresponden para propiciar un clima de igualdad.

He escuchado y leído quejas de integrantes del organismo electoral por lo que valoran como ataques y campañas en su contra. Esa entidad no tiene manera de salir exenta de responsabilidad ante lo ocurrido porque a su cargo estaba evitarlo o en su defecto ofrecer explicación convincente. Ni una cosa ni la otra.

Esto no es asunto personal. El pasado respetable de algunos de sus miembros se ha reconocido en su oportunidad. En igual medida, ha sorprendido la falta de concordancia entre ese pretérito y un presente que resultó determinante en la decisión política de su incorporación al pleno del organismo, sobre todo si no se olvida que los responsables de tal conformación no ceden en garantizar su predominio en dependencias que atañen a su permanencia sin sobresaltos en el disfrute del poder.

Pese al asombro ante tales mutaciones, se ofreció el beneficio de la duda, esperando el desarrollo de los acontecimientos. Hoy, hay certeza de que entre cumplir el deber como buen árbitro o rendir tributo de gratitud y complicidad con el gobierno, se optó por lo segundo. Los hechos son demasiado explícitos. No hace falta insistir en ellos, a menos que se evalúen a partir de compromisos de amistad mal entendida.

De haberse tenido disidencias internas, el deber, por elemental sentido histórico, era haberlas hecho públicas, como es normal en estamentos colegiados. La fidelidad institucional y personal no puede estar colocada por encima del deber moral y ético. Para reivindicarse, esa JCE debe renunciar con efectividad al 16 de agosto y en el interregno dejarse acompañar por un equipo técnico-político que ofrezca seguridad a una oposición que compite en desventaja.