El Tribunal Constitucional (TC) deberá fallar los recursos de inconstitucionalidad del Presupuesto Nacional del 2012 y de un artículo de la Ley Orgánica de esa entidad elevados por varias instituciones que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no conoció.

Organizaciones de la sociedad civil interpusieron una instancia para que se declare ilegal la aprobación del Presupuesto del 2012, debido a que viola la Constitución que establece un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación.

Durante varias semanas esas entidades montaron una vigilia frente al Congreso para motivar a los legisladores a que respeten las leyes que ellos crearon.

Artistas de todas las áreas y comunicadores se reunían en la explanada frontal a la espera de sensibilizar a los diputados y senadores sobre la necesidad de elevar la asignación a Educación.

Ese reclamo también fue llevado, pero sin la vigilia, a las calles circundantes al Palacio Nacional.

Los reclamantes argumentaron que no existe desarrollo sin educación y que el presidente Leonel Fernández tiene un doble discurso, porque en los foros internacionales aboga por una mayor inversión y aquí la niega.

La Constitución proclamada el 26 de enero del 2010 establece que la SCJ conocerá los recursos de inconstitucionalidad, hasta que se conforme el TC.

El Presupuesto Nacional fue aprobado a finales del mes de octubre.

Se dice que la SCJ no conoció esos recursos, porque el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de la que formaba parte el presidente de tribunal, doctor Jorge Subero Isa y seis de sus miembros, aspiraban permanecer en sus puestos.

El CNM nombró como presidente de la SCJ al doctor Mariano Germán y en el TC al doctor Milton Ray Guevara.

La propia SCJ fue perjudicada con la asignación de presupuesto para el 2012, porque de poco más de siete mil millones que solicitó, le entregarán 3 mil 600 millones de pesos.

UN APUNTE

Perjudicados

Los ayuntamientos, la Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional fueron instituciones en las que se violó la ley que asigna un porcentaje del Presupuesto Nacional para cumplir los compromisos y los programas de desarrollo.