El Tribunal Superior Electoral

No tiene fundamento el hablar de partido único, pues en unas elecciones sin equilibrio, como las del 2012, la oposición al oficialismo alcanzó un 47% y se observa un creciente disgusto en la población hacia la organización que ha controlado los resortes del Estado en los últimos tiempos.

De poco ha valido sustraerle al PRD a los verdaderos perredeístas—en una estrategia de autoría peledeísta y usando como instrumento “legal” al Tribunal Superior Electoral—, pues la mudanza hacia el Partido Revolucionario Moderno se aproxima al cien por ciento, conforme a generosas firmas encuestadoras que otorgan a Miguel Vargas una intención de voto del 2%.

Los opositores al PLD y al gobierno se aglutinarían en el PRM y la Convergencia por un Mejor País y no tengo la menor duda, lo he sostenido en múltiples ocasiones, de que se puede construir una mayoría electoral, pese al uso y abuso de los recursos del Estado. La única preocupación radica en los parcializados y desacreditados órganos electorales.

Esa preocupación se la externé recientemente a Luis Abinader, quien luce como el inminente candidato presidencial de la oposición, y su respuesta no se hizo esperar: “Danilo, la Junta Central Electoral no le quitó un solo voto al PRD en las elecciones del 2012”. Hablo del candidato vicepresidencial en ese evento, quien tiene que estar mucho mejor informado que el suscrito.

La JCE no le quitó votos a la oposición, pero ¿no le sumaría al PLD? Además, ¿por qué la JCE permitió que las fuerzas Armadas estén en las calles comprando cédulas de opositores y se impidió, por todos los medios, que se den a conocer resultados de encuestas realizadas a boca de urnas? La JCE no merece crédito, pero mucho menos el TSE, compuesto por cinco activistas políticos bendecidos ahora por el cardenal.

El Tribunal Superior Electoral hizo lo que hizo con el PRD y no pasó nada. Todo se quedó igual. Se han pasado de contentos, pero cada uno de ellos anda escoltado por militares. Así podrían pasarse el resto de su vida, porque creen tener el poder para vulnerar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, eventual motivo de una desgracia nacional.