El Artículo 208 de la Constitución de la República establece que “…El voto es personal, libre, directo y secreto…” Sí, directo, pero los únicos funcionarios electos directamente son el presidente y los alcaldes municipales, porque en todos los demás, de una u otra forma, se produce el arrastre. Con el métodos d’Hondt los diputados de los partidos se arrastran y también arrastran al senador. Aún más: los alcaldes arrastran a los regidores.

Recientemente la JCE buscó el consenso de los partidos políticos en torno a la elección de los regidores (obviando en lo absoluto el caso de los diputados y en mayor medida de los senadores) y concluyeron en continuar con la inconstitucionalidad, bajo el pretexto de la dificultad de contabilizar los votos de los regidores en elecciones tan cercanas a las presidenciales. La dificultad de contabilizar los sufragios de los regidores, mediante el voto preferencial, es real, pero los procesos electorales tienen obligatoriamente que regirse a través de leyes cónsonas a nuestra carta magna.

Ninguna institución dominicana puede apartarse de la ley alegando incapacidad, por lo que procede el avance en la organización, optimización y transparencia y no el retroceso exhibido por los órganos electorales en los últimos comicios.

En nuestro país hay un Tribunal Constitucional, para supuestamente garantizar la supremacía de la Constitución, pero los individuos que componen esa corte no justifican el sueldo que cobran. ¿En qué se pasan el día? Es que hay demasiadas leyes, resoluciones y prácticas institucionales que se apartan de la ley de leyes, es decir, de la Constitución de la República.

En los países del mundo la democracia descansa en el sufragio y la corrección tiene que empezar con el desenvolvimiento de la JCE, que se basa en una ley obsoleta e irrespetada.

Se infiere que ese órgano requiere una nueva ley electoral, pero ya eso es materia del Congreso Nacional, un congreso mediocre, cuyos miembros, con algunas salvedades, no legislan, no representan ni fiscalizan. (Todos los dueños de bancas son diputados).

El voto directo para los funcionarios electos es un requisito constitucional y el voto preferencial va en esa dirección. Pero el gasto ilimitado de recursos y la falta de controles desvirtúa el espíritu democrático del voto preferencial, el cual ha derivado en una competencia de dinero. Dinero muchas veces de origen dudoso.