Siendo quizás el foro entre sector público y privado más importante de la historia reciente del país, el Gobierno oficialmente inició las conversaciones para el Pacto Eléctrico. No obstante la importancia desde el punto de vista económico y, hasta se podría decir, existencial de este acuerdo, el arranque que otorgó el Poder Ejecutivo a través de su propuesta inicial, luce sensiblemente débil, poco ambicioso y en muchos casos ambiguo. Tengo mis reservas de que la participación del sector privado vaya a mejorar de forma sensible el resultado final, dado a que las voces más relevantes de ese sector probablemente sean las de aquellos que ya se han estado beneficiando de la alta concentración en ese mercado. Parece que vamos a desperdiciar una oportunidad inmejorable.

La relevancia del Pacto Eléctrico es notoria para el país. El costo final de la electricidad es uno los factores principales que afectan la capacidad productiva y de exportación de nuestras industrias, el subsidio eléctrico hoy le cuesta al Estado alrededor de un 2% del PIB cada año, y dado a la considerable participación de la generación a base de productos derivados del petróleo dentro del sector, este tiene alta relevancia en la balanza de pagos y por ende la estabilidad macroeconómica del país.

En concreto la propuesta del Poder Ejecutivo plantea una participación mayor del sector público dentro del mercado eléctrico en calidad de participante, y parece empeñado en generar relaciones más confusas entre los diferentes actores estatales (reguladores y participantes) que actúan dentro de este. Adicionalmente busca establecer un control directo de la CDEEE sobre las distribuidoras de electricidad cimentando la estatización como modelo, y no prevé con claridad un desmonte realista del actual subsidio, sino más bien perpetuarlo.

El Pacto Eléctrico debería apuntar a retomar la reforma detenida en el 2002 que paralizara la inversión extranjera directa en el sector casi en seco, delimitar el alcance de ciertas cláusulas en los contratos de generación para evitar que estas puedan generar condiciones adversas a la libre competencia en el mercado, flexibilizar los requerimientos regulatorios para la entrada de nuevos participantes, eliminar el monopolio de transmisión que actualmente detenta la empresa estatal ETED para permitir el acceso a soluciones del sector privado para el problema de la transmisión y establecer un plan de mediano plazo con miras a la privatización de las empresas de distribución.

Más aún, el Estado debe fijarse un cronograma de desmonte total del subsidio eléctrico que se ajuste a la entrada de nuevas fuentes de generación eléctrica que abaraten el costo de la energía, y establecer regulatoriamente subsidios temporales (desmontables a lo largo de 6 meses) que amortigüen cualquier aumento abrupto y generalizado de la factura que exceda un porcentaje razonable.

Si bien el proceso de capitalización de los años 90s es algo cuestionable, la gestión estatal del sector ha demostrado ser un rotundo e impresionantemente costoso fracaso. Si el Pacto Eléctrico va a partir de que vamos a seguir tropezando con la misma piedra, sugiero que mejor lo dejemos para otros tiempos, donde la política no se siga imponiendo a la lógica.