Aunque se aplicará en dos etapas, el aumento de un 20% al salario mínimo parece dejar mínimamente complacidos a centrales sindicales y gremios de empleadores, aunque unos critican que se haya fraccionado y otros que se ponga en vigencia sin previa reclasificación empresarial.

El ministro de Trabajo acogió el nivel de incremento aprobado por el Comité Nacional de Salarios, pero dispuso que sea de un 13% y se complete el 7% restante a partir de noviembre, con lo que acogió una solicitud de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Mypime).

Aun así, el salario mínimo se mantiene muy distante del valor del último quintil de la canasta familiar, lo que limita el poder adquisitivo de trabajadores y empleados y su justa participación en los beneficios de un crecimiento de la economía que se afirma ha sido de un 7.2% en los últimos once trimestres.

Se requiere que gremios empresariales y centrales sindicales, con el concurso del Gobierno, acuerden alguna fórmula para evitar los angustiantes periplos de discusiones y dilaciones en torno al aumento al salario mínimo, el cual debería siempre relacionarse con el incremento de la economía y del índice general de precios.

La quiebra de PR

Puerto Rico ha acogido una ley federal de quiebra para afrontar el cúmulo de demandas judiciales que incoarían sus acreedores ante la imposibilidad de cumplir con el pago de capitales e intereses sobre una deuda de 70 mil millones de dólares.

Se trata del mayor proceso de bancarrota en la historia para el mercado de bonos municipales en Estados Unidos, lo que refleja la gravedad de la crisis financiera de la isla, cuyo gobierno ha sido intervenido por una Junta de regentes designada por el Congreso estadounidense.

A Puerto Rico le va a costar mucho sacrificio y tiempo conjurar sus graves problemas de deuda y el acoso de sus acreedores que hoy reclaman todo el dinero generado por el Tesoro de la isla. Es un dramático espejo en el que deben reflejarse Gobierno, clase política y empresariado de República Dominicana.