La gran prensa coincide en etiquetar como “enfrentamiento” entre Poder Judicial y Ministerio Público el desacuerdo entre sus máximos representantes por la resolución “no ha lugar” favorable a Félix Bautista y compartes, evacuada por el supremo juez Moscoso, en función de instructor especial.

No hay tal “choque de trenes” ni peligra la “estabilidad democrática” luego de la especie de reprimenda pública, prudentemente no respondida, del juez Mariano Germán Mejía, presidente de la Corte Suprema, al procurador general Francisco Domínguez Brito, calificado de “irrespetuoso e inmaduro”. Cada quien está cumpliendo su rol.

Los jueces juzgando y el Ministerio Público investigando y acusando, mientras los ciudadanos son espectadores que valoran si aquellas actuaciones cumplen o no las expectativas de interés colectivo o bien público y de real castigo a la corrupción administrativa.

Lo que el pueblo percibe y comprueba es que el sistema judicial, diseñado con hegemonía partidista en base a la Constitución de 2010, se manifiesta como blindaje a cualquier posibilidad de sanción penal por enriquecimiento ilícito y apropiación del erario.

No son solo los no ha lugar favorables a los Félix (el hoy senador Bautista y el alcalde francomacorisano Rodríguez), sino que ningún sometimiento judicial ha pasado a juicio de fondo, porque el Ministerio Público archiva el expediente o porque los jueces desestiman pruebas y acusaciones.

El enfrentamiento del Poder Judicial, y sus representantes cobijados en “altas cortes”, es con la población que cuestiona sus actuaciones, porque la demanda de renuncia de jueces y protestas populares que pueden llegar a desobediencia cívica no han sido hechura de Domínguez Brito.

La cúpula judicial, controlada por jueces elegidos por motivación política, ofrece mal ejemplo a magistrados de carrera y al pueblo que nunca comprenderá subterfugios y retorcimientos legalistas.