Los jueces se han quedado sin defensores. Pasó la época en que recibían el espaldarazo constante de la sociedad y eran, como la Cenicienta antes de media noche, el centro de atención y admiración de todos.

Hoy, en cambio, reciben críticas y amenazas provenientes de quienes antes les auparon.

Según sostuvo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por que estos no pueden ya vivir del desorden y de la lenidad de los jueces que existía antes de la reforma procesal penal y del nuevo poder judicial.

Sin embargo, lo más lamentable de estos ataques es que no solo provienen de fuera, sino también desde dentro del mismo poder judicial.

Pues, hemos asistido al espectáculo de ver como jueces emiten sus opiniones, incluso desde la prensa escrita nacional, con claros tintes políticos, queriendo pescar en río revuelto.

De igual forma, todo lo malo que sucede en el país (y hasta en el mundo) es culpa del Código Procesal Penal. La degeneración militar y policial, la droga que nos ahoga, la corrupción a todos los niveles, la violencia de género y hasta el cambio climático y la guerra de Irak son producto de la reforma procesal penal.

Esta campaña ha logrado convencer a muchos creadores de opinión pública que al repetir estas teorías olvidan o desconocen que el juez no debe luchar contra nada ni ser abanderado de nada y que sólo debe fidelidad a la norma.

Y que el Código Procesal Penal protege derechos que no encontraban amparo en la práctica penal que existió en el país.

En esta lucha contra la Suprema Corte de Justicia quieren hacer tierra arrasada y llevarse la normativa procesal penal la cual, si bien no es la panacea para los males que nos arropan, y tiene aspectos a discutir y modificar, no es menos cierto que ha significado un considerable avance en relación al respeto de los derechos.

Además, los afectados directos de estas disputas son los justiciables, normalmente desposeídos que no tienen en que caerse muertos y que aspiran a un proceso justo, mientras los jueces penales humanos al fin- se dejan llevar de la opinión pública y no de las pruebas legales, pertinentes, etc.- que las partes le someten en el proceso, siendo el resultado previsible los autos de apertura a juicio y las sentencias condenatorias, aún sin pruebas suficientes y a veces contradiciendo jurisprudencias de principios.

La Suprema debe revisar su política de comunicación, y salirles al frente con comunicados a estos críticos, estableciendo los avances actuales en comparación con el desorden, total impunidad e irrespeto a los derechos y garantías de las partes en el proceso que existía, pero hacerlo como institución, no sólo en la persona de su presidente. Supongo que para esto están las estadísticas.

Como país damos un pequeño paso de avance en materia institucional e inmediatamente inician los aprestos para retroceder, como Sísifo estamos condenados a subir una piedra hasta la cima de la montaña que irreversiblemente se despeñará por el otro lado.

Las actitudes de muchos jueces (empezando por los de la Suprema Corte) y una gran cantidad de sus decisiones pueden y deben ser criticadas, nosotros lo hacemos a diario, pero sin dudas que el Código Procesal Penal ha sido un avance.

Una cosa son los jueces y otra distinta el Código. No comparto, más entiendo, que muchos sectores tengan un ataca constante a la Suprema Corte de Justicia, lo que veo ilógico es que quieran poner en este saco a todos los jueces del país (que no salen por la prensa a defender sus fallos) y al Código Procesal Penal.

Es más, creo que si lo que se quiere es que las cosas se hagan de forma distinta a como lo establece el Código Procesal Penal ya lo consiguieron, y la llamada contrarreforma no es necesaria, pues la presión a calado firme en la psiquis de varios operadores del sistema de justicia penal.

Sin embargo, como las formas dan el ser a las cosas debemos guardarlas, pues aunque la práctica diaria de los tribunales está afectada por esta campaña en contra del Código y de presión sobre los jueces, para reencausar el proceso debemos empezar por salvar la forma.

La contrarreforma, en la forma, no debe pasar, más bien la reforma debe profundizarse para beneficio de la sociedad y para que la judicatura sea un verdadero contrapeso del poder político y económico nacional.