La comunicadora Alicia Ortega ha revelado que el señor Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD y pasado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, aprobó contratos de asfaltado por la suma de RD$11,000 millones de pesos antes de las primarias del 6 de octubre, en la que él era precandidato presidencial, en un claro uso de los recursos del Estado con fines electorales. Si tuviéramos un Congreso Nacional que fuese el contrapeso del Poder Ejecutivo, ya se hubiese ordenado la investigación de lo ocurrido en el Ministerio de Obras Públicas.

Después de las elecciones de mayo de 2012, la Misión de Observadores de la OEA señaló lo siguiente: “El uso de los recursos públicos, la presencia de las mas altas autoridades del gobierno en actos de campaña, planes de desestabilización y amenazas de uso de la violencia fueron acusaciones recurrentes por parte de los partidos y candidatos en disputas quienes principalmente denunciaron falta de equidad en la contienda electoral”.

Lo mismo ocurrió en las elecciones de 2016, pues, en el informe de la Misión de Observadores de la OEA, se recomienda: “En relación con los mecanismos de rendición de cuentas, la MOE sugiere fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para los casos de violaciones a las normativas vigentes. En este sentido, es deseable impulsar modelos de coordinación interinstitucional entre todas las dependencias del gobierno involucradas con el manejo y fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, los Bancos, y el Ministerio de Hacienda.”

Es decir, estamos en presencia de un partido, como el PLD, que ha hecho norma y costumbre usar los recursos del Estado en procesos electorales. Lo vimos recientemente, en las primarias del PLD, celebradas el 6 de octubre.

El gran reto que tenemos para las elecciones de 2020 es evitar que se repita la historia de 2012 y 2016, teniendo el precedente de las primarias del PLD. Para ello, hay que tener muy claro, el artículo 211 de la Constitución: “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la JCE y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”.

Las elecciones de 2020 deben ser, por tanto, justas, tal como expresa el Diccionario Electoral: “La equidad electoral se traduce en una competencia política justa, que nivela las condiciones de participación para los contendientes y las ventajas injustas que alguno pudiera tener” (p. 379). La conducta de la cúpula del PLD, incluyendo la de su candidato presidencial, podrán ser frenadas con la aplicación estricta de la Constitución y las leyes, y la mayoría de los dominicanos que quiere el cambio político en 2020.